La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, será la única miembro de la cámara autonómica para la que se decretará prisión incondicional. Así al menos lo plantea el Tribunal Supremo de cara a la vista del jueves 9 de noviembre, según informa OKDiario.
El resto de personas que ocupaban la mesa y que participaron de la votación y, por tanto, de su puesta en marcha, enfrentarán dos situaciones: podrán ir a prisión con fianza o, directamente, quedar libertad.
Los delitos que se atribuyen a los encausados se corresponden con los de rebelión, sedición y malversación por permitir todas las votaciones que han facilitado la consecución del procés, incluida la declaración unilateral de independencia. Por tanto, enfrentarán los mismas acusaciones que los exconsellers que ya se encuentran en prisión.
Entre los miembros de la mesa se encuentran el actual presidente de Junts pel Sí, Lluís María Corominas; y los diputados Anna Simó, Lluis Guinó y Ramon Barrufet. Todos ellos tienen la condición de aforados por continuar en la Diputación Permanente de la C´amara hasta la celebración de nuevas elecciones.
Por su parte, Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot, también se encuentra en la lista. No es aforado, pero la Justicia prevé para él prisión eludible bajo fianza.
Una declaración pospuesta
Forcadell y el resto de miembros de la mesa iban a ser juzgados el pasado 2 de noviembre, a la vez que Junqueras y los siete exconsellers que no se encontraban en Bélgica. Sin embargo, la sala de admisiones aplazó una semana su declaración para que tuviera la oportunidad de preparar su defensa.
Desde entonces, las autoridades han controlado todos sus movimientos ordenando vigilancia policial las 24 horas del día. Consideran que el riesgo de fuga es evidente, teniendo en cuenta las altas penas que enfrentan, el alto nivel económico con el que cuentan o la huída de Puigdemotn junto con algunos de sus exconsellers hacia Bruselas.
Si las acusaciones prosperan y finalmente son condenados, tanto el exgovern como los miembros de la mesa del Parlament corren el peligro de pasar 30 años en prisión. La Justicia española considera los delitos de rebelión, sedición y malversación entre los más graves dentro del Código Penal.
Además, todos ellos podrían participar en el 21-D como candidatos a las elecciones autonómicas, lo que podría agravar la crisis catalana al contar, probablemente, con un president de la Generalitat recientemente elegido y en prisión. Una situación de excepcionalidad que no se ha vivido en el último período democrático.
El expresident de la Generalitat y cuatro de sus exconsellers, permanecen en Bélgica, mientras que la Justicia del país europeo decide si ordena su extradición, tal y como ha solicitado la juez que instruye este caso, Carmen Lamela.
