La Fiscalía del Tribunal Supremo aprecia delito en el cobro de comisiones ilegales por parte del rey Juan Carlos en la construcción del AVE a La Meca, tras detectar que se encuentra involucrado en esta trama.
El Ministerio Público circunscribe la investigación a la fase II de la construcción de la línea de ferrocarril de alta velocidad, conocido como el 'AVE del desierto' que une las ciudades de Medina y La Meca, en Arabia Saudí.
El primer paso es comprobar si estos hechos están amparados por la inviolabilidad del monarca, ya que el rey no puede ser imputado por ningún delito cometido cuando representaba la figura del Jefe del Estado, antes de junio de 2014.
El escrito del Supremo afirma que, ante este escenario, "resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al rey emérito, quien se encuentra actualmente aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo".
El pasado 5 de junio, la Fiscal General del Estado dictó un Decreto en el que se encarga esta investigación al Fiscal de la Sala del Trubunal Supremo de la especialidad de Delitos Económicos, Juan Ignacio Campos Campos.
"Dada la trascendencia institucional de esta investigación, se desgina a quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal, reúne una extraordinaria cualificación y experiencia. Además, estará auxiliado por un equipo conformado por tres fiscales del Tribunal Supremo que asumirán la innegable complejidad técnica de estas diligencias de investigación", dice la nota.
El origen de la investigación: los audios de Villarejo
La investigación que ahora se encauza tiene como origen la publicación de varios audios del excomisario Villarejo, con alusiones respecto al monarca en el caso Tándem, la investigación que instruye la Audiencia Nacional.
En el marco de esta causa se abrió en 2018 una pieza, 'Carol', a raíz de la incautación de unos dispositivos electrónicos en casa del socio del policía, el también investigado Rafael Redondo, donde aparecen varios archivos de audio con conversaciones entre el propio Villarejo, Corinna Zu Sayn-Wittgenstein y el empresario Juan Villalonga.
Corinna afirmó en las conversaciones grabadas en 2015 que el monarca había cobrado comisiones y guardaba dinero en cuentas de Suiza que no estaban a su nombre: "Ellos han puesto algunas cosas a nombre de su primo, que es Álvaro Orelans de Borbón, que también vive en Mónaco".
Mes y medio después de que la Audiencia Nacional comenzara a investigarlo, el juez Diego de Egea cerró la pieza, ya que todo lo mencionado se correspondía al período de 2009-2012, cuando el rey todavía ostentaba la figura de la inviolabilidad.
La pieza se cerró en julio de 2019, pero Anticorrupción siguió hacia adelante con unas diligencias por un posible delito de cohecho en la construcción del AVE a La Meca, pesquisas que siguen abiertas y que podrían suponer un dolor de cabeza para el rey emérito.
