Shakira sufre un nuevo percance judicial. La Fiscalía de Delitos Económicos la acusa de haber defraudado otros seis millones de euros a Hacienda en 2018. Esta es la segunda vez que el Ministerio Público presenta una querella contra la cantante después de que el juez abriera una investigación el pasado julio. Según la denuncia, la artista eludió el pago del IRPF y el Impuesto de Patrimonio tras simular la cesión de sus derechos a una empresa fantasma.
Esto se suma al proceso judicial por el que la cantante deberá pasar en noviembre, momento en que se enfrentará a una pena de hasta ocho años de prisión por el presunto fraude de 14,5 millones a Hacienda entre 2012 y 2014. La Fiscalía ahora reclama otra deuda de 6.686.502 euros para la cantante que ocultó presuntamente ganancias y bienes a través de empresas y paraísos fiscales.
Esta nueva querella se ha presentado ante los juzgados de Esplugues de Llobregat, donde vivía la cantante junto a su expareja, Gerard Piqué. Aunque no ha sido citada aún para el interrogatorio, la investigación ya ha empezado. La fiscal ha solicitado que el interrogatorio se haga por videoconferencia ya que ahora Shakira vive en Miami.
Acusaciones a la cantante
Según la Fiscalía, Shakira era residente en España, por lo que estaba obligada a presentar las declaraciones del IRPF e IP por sus ingresos, independientemente del país o del pagador del que provengan.
Presuntamente la colombiana utilizó un entramado de empresas en países con baja tributación para así no pagar sus deudas en España. Estas empresas estaban en Luxemburgo, Malta, Holanda, Islas Vírgenes, Panamá, Estados Unidos, Bahamas y Liechtenstein.
Según el comunicado de la Fiscalía, la cantante uso una sociedad constituida en Luxemburgo para ceder sus derechos musicales. Sin embargo, solo los cedió "tras la celebración de varios contratos simulados, sin ninguna voluntad de cesión real" ya que siguió disponiendo de ellos "en todo momento". En 2017 la cantante constituyó otra sociedad, pero esta vez en España, para recibir los ingresos de la gira 'El Dorado'. Según el escrito, esta sociedad no consta que "desarrollara función alguna" más que haber sido utilizada como "plataforma de facturación". A pesar de esto, la artista "se dedujo el 100% de las retenciones", por lo que la Fiscalía ha declarado que se trataba también de una sociedad instrumental para evitar abonar el IRPF.
Por su parte, el equipo de abogados de la artista declara que "no se ha recibido notificación alguna en Miami, domicilio oficial de la cantante". La querella sostiene que la artista no ingresó la cuantía de 5,3 millones en la declaración de IRPF de 2018, produciendo "un perjuicio económico a la Hacienda pública española". 5,3 millones que, junto a los intereses de demora, aumentan hasta los 6,06 millones.
Los problemas legales, junto a los personales de la artista no le han dado tregua desde 2018, año en el que fue operada de las cuerdas vocales y tuvo que aplazar su gira mundial. A pesar de esto, la artista ha tenido gran reconocimiento tras sus últimos éxitos musicales, que han hecho que su reciente ruptura con Piqué haya sido de lo más hablado.
