14 años. Esa será definitivamente la pena del cuñado del Rey, Iñaki Urdangarín, si prospera la iniciativa de la Fiscalía, que ha pedido elevar la condena inicial de seis años y tres meses. Urdangarín, mientras tanto, no ha entrado en prisión. Inicialmente se publicó por error que se pretendía reducir la pena, una información que derivó de una redacción defectuosa de la nota de prensa.
"Ignacio Urdangarín deberá ser condenado como autor de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento público, así como de malversación, aplicando el artículo 65.3, al no ser funcionario público y el atenuante simple de reparación del daño", ha asegurado el ministerio público en el escrito que ha saltado a los medios.
Si progresa esta iniciativa de la Fiscalía, el duque de Palma se verá igualmente con una condena muy lejana a la que pidió el jefe de Anticorrupción, Pedro Horrach, que había solicitado una pena de 19 años y medios de prisión por todos los delitos cometidos.
El marido de la Infanta Cristina, igualmente, se verá obligado a entrar en prisión porque su pena supera los dos años. Si hubiese sido inferior, podría haber eludido la cárcel en el caso de no contar con antecedentes penales.
La noticia confirma las informaciones que aseguraron que la Fiscalía estaba planteando la posibilidad de solicitar un endurecimiento de la pena, algo con lo que también comulgó el fiscal Horrach.
Mientras tanto, permanece viviendo con normalidad en su residencia de Ginebra (Suiza) hasta que se imponga una pena definitiva.
La sentencia de la infanta le sale a devolver
En el caso de la esposa de Urdangarín, la Infanta Cristina, la sentencia también ha estado rodeada de completa polémica. Y es que la Infanta no solo ha contado con una sentencia favorable, sino que además la multa fijada le sale a devolver. El Tribunal que juzga el caso Nóos tendrá que devolver a la hermana del rey cerca de 300.000 euros. En 2015, la Audiencia impuso una fianza para la infanta Cristina de 587.413 euros tras aceptar un recurso contra una petición anterior de mucha más cuantía.
Teniendo en cuenta que la multa fijada es de 265.000 euros, la diferencia de cuantía entre lo que la infanta entregó al juzgado y lo que marca la sentencia define la cantidad a devolver (322.413 euros). Miquel Roca, abogado de la infanta, ha explicado que "procede una devolución".
¿Por qué se ha juzgado a Urdangarín?
Durante el verano de 2007, el nuevo presidente balear, el socialista Francesc Antich, descubre un desfase de más 50 millones de euros en la construcción del polideportivo 'Palma Arena'. Ante las sospechas de que su predecesor, Jaume Matas, pudiera haber desviado fondos públicos en este contrato, el nuevo presidente dejó todo en manos de la Justicia.
Las autoridades empezaron a 'tirar del hilo', hasta que descubrieron toda una trama detrás. En 2010 estalla el 'Caso Nóos', simplemente una pieza separada del caso anterior, pero de mayores dimensiones.
En todo este entramado, tiene especial relevancia el 'Instituto Nóos', una supuesta entidad con fines sociales y sin ánimo de lucro que había presidido Iñaki Urdangarín desde el año 2003 y que había sido fundada por su mano derecha, diego Torres en 1999. Al parecer, la supuesta ONG estaba recibiendo contratos públicos amañados desde las administraciones valenciana, balear y madrileña.
El socio de Urdangarín, Diego Torres, aparecía como vicepresidente y la propia infanta Cristina ejercía como vocal hasta la salida de su marido, en 2006, así como el secretario de la infanta, Carlos García Revenga, estaba registrado como tesorero. Todo ello, para atribuir una imagen de mayor credibilidad a la institución.
Sin embargo, el juez instructor, José Castro, no comprendía cómo durante todos esos años, el Instituto Nóos había consegudio tantos fondos cuando se trataba de una institución sin ánimo de lucro.
Al parecer, Iñaki Urdangarín empleaba a 'Nóos' como sociedad pantalla para conseguir numerosos contratos públicos sin tener que pasar por un concurso público. A partir del pago que recibía Nóos, el dinero se repartía a través de un entramado societario distribuido a través de varias empresas radicadas en paraísos fiscales y que servían para ocultar un dinero obtenido de manera ilícita.
Para todo ello, era fundamental el papel de Urdangarín, cuya vinculación con la Casa Real le permitía acceder de manera directa a todos los presidentes autonómicos, nivel en el que mejor funcionó la trama.
De dicha forma siguieron operando hasta que en 2006 se encuentra la primera evidencia: el diputado socialista en el Parlamento balear, Antoni Diéguez, descubre un pago de 1,2 millones al Instituto Nóos para un Foro de Turismo y Deporte celebrado durante tres días y sin apenas repercusión. Según relatan varios medios, este suceso provocó que la Casa Real presionase para que tanto Urdangarín como la Infanta abandonaran la sociedad, algo que el propio Urdangarín confesó en sede judicial. Sin embargo, Nóos continuó con las operaciones hasta el estallido real del caso.
Los Duques de Palma llegaron a cargar a Aizoon facturas de 6.000 euros por el catering de sushi del cumpleaños de la Infanta hasta un viaje a Mozambique en 2008. Junto a todo ello, botellas de vino por 1.300 euros o dos noches de hotel en Nueva York por 800 euros. Recordemos que Aizoon contaba con todo el dinero que ambos podrían haber obtenido ilícitamente de las Administraciones Públicas.
