La Declaración Unilateral de Independendencia que se activó este viernes 27 de octubre en el seno del Parlament servirá para que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, se plantee pedir la detención del Govern de la Generalitat por un delito de sedición y rebelión continuada.
Para llegar a este punto, la Justicia tiene en cuenta los planes de los grupos nacionalistas para crear una administración paralalela que continúe con el Gobierno al margen de la aplicación del artículo 155. Sería la AECAT (Asamblea de Electos de Cataluña), una organización amparada por la ANC y la Asociación de Municipios por la Independendencia, y que funcionará como Parlament constituyente tras la disolución del oficial.
La orden de la Justicia puede crear un conflicto de competencias. Los Mossos deberían de encargarse de la detención del Govern si finalmente se lleva a cabo; pero no se descarta que finalmente tenga que ser obra de la Guardia Civil y la Policía Nacional en el caso de que se rompa la cadena de mando.
La Fiscalía sostiene que el ejecutivo autonómico actuó de manera organizada y continuada en romper con la legalidad vigente. Para ello, se amparan en el ar´ticulo 472 del Código Penal, que recoge, entre otros, "declarar la independencia de una parte del territorio nacional" o "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución". Los letrados del Parlament ya avisaron de esta posibilidad y por ello recomendaron no realizar el pleno en el que proclamó la DUI.
También se prevé que el president y los cargos de su Govern se enfrenten al artículo 473 del Código Penal, en el que se castiga a todos aquellos que "inducen a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión y los jefes principales de esta", con "una pena de prisión de 15 a 25 ños e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo".
En este último punto, se tendrá en cuenta que el president llamó a la resistencia pacífica a través de sus redes sociales, o las recomendaciones que se han otorgado a los funcionarios de la administración catalana para desobedecer al Gobierno central en caso de intervención.
Sin embargo, esta petición de la Fiscalía podría no prosperar, al menos de cara a las elecciones del próximo 21 de diciembre: el Gobierno de La Moncloa quiere evitar la celebración de unos comicios con la oposición en la cárcel. Además, la imagen de los Jordis ha servido para aglutinar un mayor número de personas frente al separatismo.
Este tipo de movimientos, por tanto, podrían entorpecer la intención de la Moncloa de impedir la independencia de Cataluña; mientras se lanza a lanzar tímidas propuestas políticas como una reforma constitucional para modificar el ordenamiento territorial. Unas propuestas que, quizás, lleguen tarde.
