El exministro de Justicia y expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón, ha sido señalado por la Fiscalía Anticorrupción por el desvío de fondos del Canal de Isabel II en el marco de la Operación Lezo.
La decisión llegó en noviembre de 2016, cuando los fiscales decidieron iniciar un auto de procedimiento contra el expresidente para que sus supuestos delitos no prescribiesen, ya que habían pasado 15 años desde entonces.
Con este gesto, la Fiscalía quiere investigar la compra que realizó el Canal de Isabel II cuando adquirió la colombiana Inassa por 83 millones cuando el precio de la compañía no superaba los ocho millones.
La Fiscalía considera que esta pieza no es separada ya que fue el germen de los delitos que ahora se le imputan a Ignacio González, que en aquella época no ostentaba responsabilidades de gobierno: "Lo de 2001 sí que fue un pelotazo", llegó a decir González en una grabación realizada por la Guardia Civil.
En las conversaciones intervenidas por la Policía, también se aprecia que el expresidente González pudo haber tenido constancia de todos estos hechos. Es más, pudo actuar delictivamente tras conocer todo lo que habían realizado sus antecesores: "Alberto hizo una operación de que... no sé si estaba Alberto, pero desde luego sí que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones por 100, Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con una diferencia fiscal de 20 millones, con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II", afirmó en una llamada con Eduardo Zaplana.
A pesar de todos los indicios, la apertura del auto ha sido motivo de enfrentamiento entre los distintos fiscales del caso Lezo y su jefe en Anticorrupción, Manuel Moix, que ha sido señalado por el posible entorpecimiento de las investigaciones en torno a este caso.
A pesar de que la pieza se intentó separar con el posible fin de bloquearla y que precribiera, los fiscales se opusieron y recurrieron a la Sala de lo Penal, que les terminó dando la razón. Consideran que todos los supuestos delitos se tienen que investigar de manera conjunta por el hecho de que competen al mismo organismo y contienen la misma naturaleza.
Los fiscales, en su escrito a la Sala de lo Penal, afirmaron que hallaron "indicios de criminalidad contras determinadas personas u organismos" y que esa posible actuación delictiva tiene su origen en "actividades que se inician en 2001 con la compraventa de la mercantil Inassa".
Al parecer, el dinero presuntamente desfalcado fue a parar directamente a una cuenta en Suiza y no se ha vuelto a tener constancia de su paradero. Los fiscales aprecian delito en todos los miembros del entonces Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que aprobó la compra de Inassa por un precio mucho superior al que mantenía en el mercado.
Fraude en los cursos de formación
Otro de los casos que afectan a la Comunidad de Madrid, en este caso en la época de Esperanza Aguirre, también ha sido objeto de noticia durante la jornada del viernes 12 de mayo.
En este caso, la novedad llega en relación al caso Aneri, un caso de presunto desfalco de fondos en los cursos de formación que había llevado a cabo la patronal en la Comunidad de Madrid.
Según señala eldiario.es, el cabecilla de la trama, José Luis Aneri, consiguió salir de la cárcel después de que prometiera y pactara con el fiscal Manuel Moix no involucrar al entonces Gobierno de la Comunidad de Madrid.
La Justicia investigaba en este caso un presunto desfalco de 17 millones de euros de fondos destinado a la formación de desempleados, pero no supuso ninguna responsabilidad para Aneri después de que prometiese "no echar mierda" a los altos cargos de la patronal, la Cámara de Comercio de Madrid y el propio Gobierno regional. Al parecer, todos los pactos que por aquel entonces se firmaban con la Fiscalía pasaban por la mano de Moix, que era el que daba el visto bueno.
Ignacio González afirmó lo siguiente en una conversación con Eduardo Zaplana: "Vamos a ver, yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción, ¿sabes? Y... yo creo que va a ser él. si sale es cojonudo. Se llama Moix, es un tío... serio y bueno. Hombre, yo no soy quién, pero yo no me corto en decirle a Rafa (Catalá, ministro de Justicia): 'Oye Rafa... ¿Sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van a parte: o los tienes controlados o estás muerto".
Todo ello llegó en medio de los SMS que el ministro de Justicia envió a González para apoyarle por su investigación del ático en Marbella y, posiblemente, por las causas judiciales que se iban a abrir contra el expresidente. "Ojalá se cierren pronto los líos", escribió personalmente Catalá a Ignacio González.
Precisamente el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, había sabido de antemano que González quería a Moix en Anticorrupción, y que había buena sintonía entre ambos. Mientras tanto, la investigación continúa en marcha.
