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La Fiscalía pide seis años de prisión para el actor Luis Lorenzo y Arantxa Palomino

El caso tras la muerte de la tía de Palomino vuelve a los juzgados.

La Fiscalía pide seis años de prisión para el actor Luis Lorenzo y Arantxa Palomino

Redacción

11 Julio 2024 18:20

La Fiscalía pide 6 años de prisión para el actor Luis Lorenzo y su mujer, Arancha Suárez Palomino, por mantener aislada a la tía Palomino durante varios meses, someterla a un trato "absolutamente vejatorio" e intentar quedarse con todo su dinero. No se aprecia delito de homicidio, que fue lo que abrió la causa, puesto que no está aclarado el motivo definitivo de su muerte.

Así lo ha expuesto el fiscal en su escrito de acusación ante el juicio, cuya fecha todavía no ha sido fijada, en el que se acusa a la pareja de un delito contra la integridad moral y otro continuado de administración desleal, así como a la persona contratada para cuidarla durante los últimos meses por un delito contra la integridad moral, por el que reclama dos años y medio de prisión.

La Fiscalía asegura que tenían a la mujer aislada de forma "sistemática" durante varios meses, que la privaban de sus cuidados y atenciones fundamentales como la higiene, en lo que representa un "trato vejatorio" y que además intentaron hacerse con sus ahorros.

En cuanto a la cuidadora, se piden dos años de cárcel, puesto que accedió a cuidarla por 6.300 euros durante dos meses, a pesar de ser "totalmente consciente del deplorable estado en el que se hallaba, de la falta de atención, cuidado e higiene".

En su escrito, el Ministerio Público expone que la pareja acudió al domicilio de la tía de la mujer en Asturias y que la convencieron para que los acompañara a su residencia en Rivas-Vaciamadrid (Madrid) para cuidar a sus hijos durante unos días. Cuando estuvo en su casa, la mantuvieron apartada de sus hermanos y sobrinos, y le impidieron hablar con ellos.

Ambos se habrían aprovechado de que la mujer estaba fuera de su entorno habitual y sufría deterioro cognitivo, acrecentado durante su estancia en Madrid, y la privaron de los cuidados y atenciones más básicos, obligándola a ir a los baños de la urbanización, no dándole la medicación que necesitaba, ni espesante para la comida. Además, que en una ocasión la dejaron nueve horas en un restaurante de un centro comercial porque se fueron con su hijo a un parque temático, y que no le proporcionaron ni andador o silla de ruedas, que a veces discutían con ella "a gritos".

Testamento

Los acusados presuntamente buscaban controlar los ahorros de la mujer porque necesitaban ese dinero para mantener su ritmo de vida y gastos mensuales, "sin efectuar actividad laboral alguna y detentar ninguna fuente de ingresos para sostener tales gastos", señala la acusación.

El 7 de mayo de 2021, llevaron a la mujer a un notario donde revocaron su testamento anterior y designaron heredera de todos sus bienes, a excepción de dos fincas rústicas, a Arancha, y tres semanas después regresaron a la notaría para que la anciana le diera a su sobrina un poder especial para disponer de su dinero. Pero vieron que era insuficiente, e intentaron aumentar los poderes, que negó el notario al considerar que la mujer no tenía capacidad, algo a lo que también se negó otro notario.

Ambos acusados lograron acceder a la cuenta corriente de la mujer, donde había un saldo de 60.884 euros, y en la que percibía una pensión de 950 euros mensuales, y fueron incorporando dinero a su propio patrimonio hasta hacerse con 19.400 euros en total.

La muerte de Isabel Suárez

La causa fue abierta tras la muerte de la mujer, con 85 años, en julio de 2021, cuando se encontraba en casa de la pareja. Los familiares sospecharon que podría tratarse de una muerte no natural y solicitaron una autopsia, que determinó una muerte de etiología homicida, por envenenamiento con cadmio y manganeso.

Sin embargo, los informes forenses posteriores consideraron que no había motivos para extraer dicha conclusión y que podría tratarse de una redistribución postmorten, por lo que se excluyó dicho delito. La magistrada propuso en febrero juzgarles por "aislar" e "incomunicar" a la mujer para controlar su patrimonio, sin concretar entonces delitos.

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