La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado un recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la sentencia que absolvió a la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, de un delito de falsedad documental.
El Ministerio Público se muestra muy duro en su escrito y esgrimiendo que "todo acto tiene una razón de ser" y que del examen de todos los indicios solo puede llevarle a la conclusión de que Cifuentes fue quien "impulsó, sugirió y se deduce que presionó, de una manera eficaz e intencionada como mínimo con dolo eventual para la falsificación del documento".
Cifuentes había logrado salir absuelta de su batalla por el caso máster, no así quienes falsificaron el acta, pero ahora enfrenta una repetición del juicio tras la petición de la fiscalía. La Audiencia Provincial de Madfrid decidió el pasado 15 de febrero absolverla, después de una petición de tres años y tres meses de cárcel acusada de inducir a la falsificación del documento del acta del trabajo de fin de máster (TFM) que, entre otros aspectos, exhibió durante una conexión en streaming a altas horas de la madrugada cuando ya se exigía su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid.
El tribunal consideró en su sentencia absolutoria que no existían pruebas suficientes para condenar a Cifuentes. Sin embargo, sí se condenó a tres años de prisión a María Teresa Feito, antigua asesora del Gobierno regional, así como a un año y seis meses a Cecilia Rosado, que reconoció ser autora material de la falsificación.
Indicios "de notorio sentido discriminatorio"
La Fiscalía aprecia que en la sentencia existen indicios "de notorio sentido discriminatorio" que han sido obviados, "siquiera para descartarlos por la Sala y que además son "ciertos". Por ejemplo, la solicitud que Cifuentes hizo al rector de la Universidad Rey Juan Carlos de la documentación acreditativa de haber cursado el Máster.
Además, cita otros indicios no valorados, como que la expresidenta fuera la "única o principal" beneficiada de la falsedad de un documento que necesitaba "imperiosamente" para dar respuesta a los medios y evitar así "las consecuencias políticas a las que debería enfrentarse". Esto, asegura la Fiscalía, "ya supone un indicio incriminatorio".
Por estas y otras circunstancias, solicita la anulación del fallo "ante la vulneración de las normas constitucionales por insuficiencia e irracional motivación fáctica que lleva al pronunciamiento absolutorio" como la devolución de las actuaciones "al órgano que dictó la sentencia recurrido para un nuevo enjuiciamiento de la causa, con una composición distinta de la Sala".
