La Fiscalía de Almería ha solicitado prisión permanente revisable para Ana julia Quezada, autora confesa del asesinato del menor Gabriel Cruz el 27 de febrero de 2018 en la pedanía nijareña de Rodalquilar.
El escrito provisional del Ministerio Fiscal ha sido remitido ya al Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, anterior a la apertura del juicio oral ante un tribunal con jurado. El texto señala que el crimen tuvo lugar el mismo día de la desaparición de Gabriel debido a "asfixia mecánica por sofocación" y explica que "con la finalidad de encubrir su actuación criminal, la acusada ocultó el cuerpo en una pequeña fosa que cavó en la zona exterior de la finca y lo cubrió de tierra y piedras".
La acusación pública pide, además de la prisión permanente revisable, 10 años más de prisión por delitos de lesiones públicas sobre Patricia Ramírez y Ángel Cruz, los padres de Gabriel y solicita, según informa EuropaPress, que se le prohíba cualquier tipo de comunicación con la familia del pequeño y su aproximación a menos de un kilómetro durante 30 años.
También solicita que la acusada pague la cantidad de 200.203 euros con motivo de los gastos ocasionados por el despliegue policial durante la búsqueda del menor y el pago de 300.000 euros como reparación del daño moral causado sobre los progenitores y 160.000 con motivo de los perjuicos generados sobre la abuela materna de Gabriel.
La calificación del Ministerio Fiscal cataloga la aptitud mantenida por la acusada durante el periodo de búsqueda del menor, como "aflicción, compungida y apesadumbrada, involucrándose en las batidas de búsqueda en una clara actitud de simulación, fingimiento y farsa, pública y notoria con absoluta frialdad de ánimo", todo ello, con el objetivo de disipar cualquier duda o sospecha sobre su implicación en la desaparición del menor.
La prisión permanente revisable a debate
La petición de la Fiscalía llega en un momento en que el debate sobre la idoneidad de la prisión permanente revisable se ha reabierto en la opinión pública, en vigor desde el año 2015.
Esta medida supone la máxima pena privativa de libertad que contempla el C´ódigo Penal español, por la cual el condenado solo puede recuperar la libertad si demuestra estar rehabilitado tras una serie de plazos de al menos 25 años y si anteriormente ha logrado acceder al tercer grado.
El caso de Ana julia podría ser la sexta ocasión en la que se aplique esta medida que hasta ahora se ha impuesto en España solo en cinco casos. El último de ellos y el más reciente fue el del descuartizador de Pioz, Patrick Nogueira, por un cuádriple asesinato en el que acabó con la vida de sus tíos y de sus primos.
