La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión incondicional para el exvicepresident de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, y para los exconsellers del Govern que han comparecido, acusados de delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Solo se ha salvado Santi Vila, para quien se pide prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.
Vila dimitió antes de que el Parlament votara la declaración de independencia y ha sido el único exconseller que ha respondido ante el juez las preguntas de todas las partes. Por su parte, los exmiembros del Govern pertenecientes a la formación PDeCAT se han negado a delcrarar al Ministerio Fiscal, limitandose a responder a las preguntas formuladas por su abogado.
Pasadas las 9:50, han comenzado las declaraciones ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. El primero en hacerlo ha sido elexconseller de Presidencia Jordi Turull seguido del exconseller de Territorio Josep Rull. Tras ello, ha llegado el turno de Santi Vila (Empresa), Meritxell Borrás (Gobernación), Joaquim Forn (Interior), el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva (Asuntos Internacionales), Carles Mundó (Justicia) y Dolors Bassa (Trabajo).
Cabe recordar que Carmen Lamela también citó al expresident Carles Puigdemont y a otros cuatro exconsellers que no han acudido a la citación: Antoni Comín (Salud), Lluís Puig (Cultura), Meritxell Serret (Ganadería, Pesca y Alimentación) y Clara Ponsatí (Educación). Todos ellos se han quedado en Bélgica al considerar que se trata de un juicio político "efectuado al dictado del Gobierno del Estado español".
Las consecuencias de la ausencia de Puigdemont
Al no haberse presentado ante el Tribunal, la Fiscalía ha anunciado que pedirá a la juez que lleva el caso, Carmen Lamela, la detención inmediata de Carles Puigdemont y su Govern. Se llevaría a cabo mediante las correspondientes órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) que obligarían a las autoridades belgas a proceder a la detención del expresident y sus consellers.
Para denegar la extradición, la regulación europea recoge determinadas circunstancias en una lista de delitos entre los que no está la rebelión y la sedición, pero sí algunos de corrupción, por lo que cabría la posibilidad de que se le aplicara a Puigdemont, impitado por malversación. En caso contrario, los delitos que se le achacan deben estar tipificados en el ordenamiento jurídico belga para que se pueda proceder a la orden de detención y entrega.
Bajo el paraguas del ordenamiento jurídico belga, los imputados serían detenidos y puestos a disposición del juez, que decidiría sobre su puesta en libertad o mantenimiento en prisión hasta que se resolviese sobre la ejecución de la orden. Sin embargo, si Puigdemont y sus consellers aceptasen su entrega a España, algo que no parece que vaya a suceder, ésta se haría sin más complicaciones.
En el caso de que los ocho exaltos cargos catalanes no aceptasen su entrega, la decisión correspondería a la Cámara del Consejo de Bruselas, que dispondría de un plazo de quince días. Pero su decisión es recurrible en apelación, abriéndose un nuevo plazo de quince días, y en último caso ante la Corte de Casación, que dispondría del mismo tiempo para resolver.
Los trámites podrían complicarse más, ya que el juez instructor belga podría considerar insuficiente la información contenida en la orden de detención y, por tanto, requerri a la justicia española el envío de más información.
Cabe destacar que la ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea.
