La Fiscalía ha solicitado este viernes 29 de julio una pena de más de ocho años de cárcel para la cantante Shakira. La intérprete está acusada de seis delitos contra la Hacienda Pública por un presunto fraude fiscal de 14,5 millones. La pena implicará su ingreso en prisión, ya que supera los dos años que le permitirían evitar la cárcel al no contar con antecedentes penales.
El Ministerio Público acusa a la cantante de simular no residir en España y utilizar un entramado de empresas en paraísos fiscales para ocultar sus ingresos. Además, reclama la imposición de una multa de 23 millones de euros.
La Fiscalía segura que la cantante permaneció de manera efectiva en España, donde había adquirido una vivienda con su pareja sentimental Gerard Piqué. En concreto, fueron 242 días en 202, 212 en 2013 y 243 días en 2014.
Se ausentó exclusivamente para atender compromisos profesionales y de ocio. En concreto, fueron 124 días en 2012, 153 días en 2013 y 122 días en 2013. El escrito señala: "Estas ausencias, conforme a lo dispuesto en la Ley General Tributaria, deben calificarse de esporádicas y deben computarse para el cálculo de más de 183 días de permanencia en territorio español para adquirir la condición de residente habitual en territorio español y la condición de obligado tributario y residente fiscal", indica el escrito.
La Fiscalía, además, describe el entramado societario de la cantante. Dice que "con el deseo de no tributar" utilizó una red de empresas que había sido creada años atrás y se sirvió de ella en los tres ejercimos mencionados para ocultar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) la renta percibida y a la Agència Tributària de Catalunya (ATC) el patrimonio que tenía.
La acusación
El engaño consistía en que fueran las sociedades quienes figuraren formalmente como las perceptoras de las rentas y patrimonio en lugar de ella misma, que tan solo aparecía en último lugar y en algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes, Panamá, las Islas Caimán o Malta, donde de forma indirecta fue a parar la mayor parte de la renta y de la que se dispuso en provecho y beneficio propio, según señala el escrito.
El Ministerio Fiscal asegura que todas las sociedades, a través de las cuales percibió tanto los ingresos procedentes de su actividad artística como los que obtuvo por publicidad, carecieron de medios materiales y personales para realizar actividad alguna y los gastos que generaron fueron los puramente administrativos, relativos a la llevanza y gestión de las propias sociedades por despachos especializados en este tipo de estructuras. "Estas sociedades fueron interpuestas con el único objetivo de ocultar a la Hacienda Pública las rentas y el patrimonio de la acusada", añade.
La única relación que la cantante tuvo con las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, "fue el domicilio de las sociedades a través de las cuales canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional", precisa.
