La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que el Major Trapero quede en libertad bajo fianza de 50.000 euros por su participación en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Finalmente la juez Carmen Lamela ha rechazado la petición y ha ordenado su libertad tras su comparecencia en la sede de la Audiencia Nacional.
A pesar de ello, Lamela considera que el exjefe de los Mossos tergiversó los planes y los reglamentos del cuerpo autonómico para garantizar la consecución de una consulta que había sido paralizada por el Tribunal Constitucional. Por ello, consideran que cometió dos delitos de sedición.
En ese plan fue fundamental la redacción de órdenes "genéricas y ambiguas" para "anular cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia".
Además, se destaca la creación de un sistema de comunicaciones que, en vez de agilizar los procesos, únicamente contaba con el fin de ralentizarlos. También se critica la inacción a la hora de desalojar los colegios electorales.
De hecho, en varias ocasiones, se emitió información sobre la localización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que los miembros de cada mesa estuvieran preparados para actuar a su llegada.
Trapero afronta una situación judicial complicada
Trapero ha considerado como una de las piezas claves en la organización y consecución del procés. Según la Fiscalía, Trapero utilizó un cuerpo policial de 17.000 agentes para que cumplieran los designios y reivindicaciones de Puigdemont, Junqueras y los partidos independentistas.
Junto a la mencionada inacción, fundamental para la celebración de la consulta, también se señala los enfrentamientos de algunos Mossos con los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional que se encontraban en el ejercicio de sus funciones.
En el duro auto en el que se reclamaba la comparecencia de Trapero, se señalaba que sus acciones y las actuaciones de los policías autonómicos iban encaminadas a "obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia".
