La Fiscalía ha pedido exculpar al Partido Popular por formatear 35 veces, rayar, romper y tirar a la basura los discos duros de los ordenadores del extesorero de la formación, Luis Bárcenas. Según ha confesado en repetidas ocasiones, los dispositivos contenían información sensible para el partido. El juicio no se puede emitir en directo a través de vídeo por orden de la Justicia en una decisión que ha desatado la polémica. El juez finalmente ha decidido mantener al PP en el banquillo.
Con estos gestos, el PP no consigue sus pretensiones de evitar el juicio a toda costa: también han fracasado los intentos de su abogado para anular su presencia en el trámite de las cuestiones previas, durante la primera parte del juicio.
El magistrado contratado por el PP, Jesús Santos, quería que la cuestión relacionada con el partido se resolviera mediante una rápida absolución. Sin embargo, el juez considera que la complejidad de las investigaciones hacen mantener la cautela, por lo que esperará hasta la sentencia para conocer si finalmente el partido sufre su segunda condena judicial a nivel de organización.
En la sala se han sentado tres acusados junto a la abogada del desapcho Baker & McKenzie María Masso, que representa al partido ya que Génova ha decidido no enviar a ningún responsbale del partido.
Los acusados que se han sentado en el banquillo son la tesorera Carmen Navarro, el responsable de estrategia legal Alberto Durán (ambos de la confianza de María Dolores de Cospedal y con puestos de responsabilidad en el partido); así como el que fuera responsable de informática José Manuel Moreno. En el caso de la destrucción de ordenadores no se puede condenar al partido porque se trata de una persona jurídica.
El abogado del PP, Jesús Santos, ha asegurado que las acusaciones populares tienen como "objetivo principal" dañar al partido y ha asegurado que los tres acusados que han acudido al juicio son "daños colaterales".
Información sensible para el partido
Los discos duros de Bárcenas supuestamente contenían información sensible sobre la caja B del Partido Popular y la financiación irregular del partido.Se trata de datos que se podrían haber incorporado a la causa y que quedaron completamente destruidos.
Génova contrató a un informático que fomateó en 35 ocasiones, rayó, rompió y tiró a la basura los tres discos duros. Eso es lo que ahora se juzga y que podría suponer un nuevo problema judicial para la formación conservadora.
