Iñaki Urdangarín tenía una cita muy especial este miércoles 21 de marzo. Ha tenido que acudir a la vista celebrada en el Tribunal Supremo para revisar sus recursos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma por el Caso Nóos. La sesión ha arrancado a las 10:30 de la mañana y ha estudiado los argumentos para decidir si las penas se mantienen, se elevan o se anulan.
La mañana se ha saldado con malas noticias para el marido de la infanta Cristina ya que la fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Garrido, ha defendido un incremento de las penas impuestas a Urdangarín y a su exsocio Diego Torres, a los que considera "motor de toda la secuencia" de los delitos cometidos mediante el Instituto Nóos.
El cuñado del rey Felipe VI fue condenado por la Audiencia balear el pasado 17 de febrero de 2017 a un total de seis años y tres meses de prisión por delitos de prevaricación en unión con falsedad documental, malversación, fraude a la Administraciñon, tráfico de influencias y dos defraudaciones fiscales.
Pero para la Fiscalía, la pena correspondiente a la malversación y fraude a la Administración debe ser aumentada ya que, a su juicio, la sanción a este fraude no puede ser la mínima. De este modo, pide que se incremente la condena inicial hasta los 10 años.
La representante del Ministerio Público ha defendido la aplicación de tipos agravados a las penas inicialmente impuestas para Urdangarín y Torres y para el expresidente Balear Jaume Matas por los delitos de malversación de caudales públicos , al tratarse de un "delito bilateral" en el que es necesario el concurso de todas las partes. "En la administración pública no puede hacerse todo lo que uno quiera, no rige el principio de autonomía de la voluntad", ha señalado la fiscal Garrido para justificar la comisión también de los delitos de prevaricación.
La condena de Urgangarín
Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de prisión, siete años y un mes de inhabilitación especial y multa de 512.533,68 euros por un delito continuado de prevaricación en concurso con uno de falsedad en documento público y de malversación (dos años y ocho meses de prisión), uno de fraude a la Administración pública (siete meses), uno de tráfico de influencias (un año) y dos delitos contra la Hacienda Pública (un año cada uno) y a responsabilidad civil.
La pena impuesta fue no obstante bastante inferior a los 19 años de cárcel que pedía para él inicialmente la Fiscalía, puesto que el tribunal de Palma le absolvió de los delitos de blanqueo de capitales y estafa y de varios delitos de falsedad en documentos, tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude en relación con actividades en Baleares, la Comunidad Valenciana y Madrid y tuvo en cuenta circunstancias atenuantes de reparación del daño.
El Caso Nóos
Durante el verano de 2007, el nuevo presidente balear, el socialista Francesc Antich, descubre un desfase de más 50 millones de euros en la construcción del polideportivo 'Palma Arena'. Ante las sospechas de que su predecesor, Jaume Matas, pudiera haber desviado fondos públicos en este contrato, el nuevo presidente dejó todo en manos de la Justicia.
Las autoridades empezaron a 'tirar del hilo', hasta que descubrieron toda una trama detrás. En 2010 estalla el Caso Nóos, simplemente una pieza separada del caso anterior, pero de mayores dimensiones.
En todo este entramado, tiene especial relevancia el Instituto Nóos, una supuesta entidad con fines sociales y sin ánimo de lucro que había presidido Iñaki Urdangarín desde el año 2003 y que había sido fundada por su mano derecha, Diego Torres en 1999. Al parecer, la supuesta ONG estaba recibiendo contratos públicos amañados desde las administraciones valenciana, balear y madrileña.
El socio de Urdangarín, Diego Torres, aparecía como vicepresidente y la propia infanta Cristina ejercía como vocal hasta la salida de su marido, en 2006, así como el secretario de la infanta, Carlos García Revenga, estaba registrado como tesorero. Todo ello, para atribuir una imagen de mayor credibilidad a la institución.
Sin embargo, el juez instructor, José Castro, no comprendía cómo durante todos esos años, el Instituto Nóos había conseguido tantos fondos cuando se trataba de una institución sin ánimo de lucro.
Al parecer, Iñaki Urdangarín empleaba a Nóos como sociedad pantalla para conseguir numerosos contratos públicos sin tener que pasar por un concurso público. A partir del pago que recibía Nóos, el dinero se repartía a través de un entramado societario distribuido a través de varias empresas radicadas en paraísos fiscales y que servían para ocultar un dinero obtenido de manera ilícita.
Para todo ello, era fundamental el papel de Urdangarín, cuya vinculación con la Casa Real le permitía acceder de manera directa a todos los presidentes autonómicos, nivel en el que mejor funcionó la trama.
De dicha forma siguieron operando hasta que en 2006 se encuentra la primera evidencia: el diputado socialista en el Parlamento balear, Antoni Diéguez, descubre un pago de 1,2 millones al Instituto Nóos para un Foro de Turismo y Deporte celebrado durante tres días y sin apenas repercusión. Según relatan varios medios, este suceso provocó que la Casa Real presionase para que tanto Urdangarín como la Infanta abandonaran la sociedad, algo que el propio Urdangarín confesó en sede judicial. Sin embargo, Nóos continuó con las operaciones hasta el estallido real del caso.
Los Duques de Palma llegaron a cargar a Aizoon facturas de 6.000 euros por el catering de sushi del cumpleaños de la Infanta hasta un viaje a Mozambique en 2008. Junto a todo ello, botellas de vino por 1.300 euros o dos noches de hotel en Nueva York por 800 euros. Recordemos que Aizoon contaba con todo el dinero que ambos podrían haber obtenido ilícitamente de las Administraciones Públicas.
