La Fiscalía Provincial de Madrid pide cuatro años y nueve meses de prisión para Carlo Ancelotti por presuntamente haber defraudado a Hacienda 1.062.079 euros durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2015.
El Ministerio Fiscal le imputa dos delitos contra la Hacienda Pública, ya que aunque el entrenador del Real Madrid afirmó su condición de residente en España a efectos fiscales y reflejó que su domicilio estaba en Madrid, "solo consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid y omitió el rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen que había cedido a otras entidades".
Rendimientos
El Ministerio Público detalla que los rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen supusieron unos ingresos por importe de 1.249.590 euros en 2014, y 2.959.768 en 2015 sin que Ancelotti o las otras dos entidades hayan tributado por estas cantidades. Asimismo, el técnico también omitió en sus declaraciones la titularidad en propiedad de dos bienes inmuebles situados en el extranjero. Finalmente, tras hacer los ajustes pertinentes, Hacienda calculó el perjuicio sufrido atendiendo a rentas e ingresos omitidos y devoluciones obtenidas por un valor de 1.062.079 euros.
La Fiscalía de Madrid sostiene que el técnico italiano firmó en 2013 un contrato de trabajo con el club blanco para el periodo comprendido entre el 5 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2016. Sin embargo, cuando el entrenador cesó de forma "anticipada" su relación con el Real Madrid, en mayo de 2015, siguió teniendo su centro principal de relaciones personales e intereses económicos fijado en España.
Fideicomisos y sociedades interpuestas
El escrito de acusación subraya que "con el fin de eludir la tributación por los rendimientos de dichos derechos de imagen "tanto los recibidos por el Real Madrid como de otras marcas por eventos varios, Ancelotti acudió a un "complejo" y "confuso" entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen.
De esta forma, tal y como sostiene el Ministerio Público, el entrenador "simuló" la cesión de sus derechos de imagen a entidades carentes de actividad real y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas fuera de España. "Persiguiendo así la opacidad de cara a la Hacienda Pública española y a la ocultación de beneficiario real de los rendimientos procedentes de sus derechos de imagen, de manera que ni él mismo ni ninguna de dichas sociedades tuviesen que tributar por las cuantiosas cantidades percibidas en España o era de nuestro país", señala el escrito.
Derechos de imagen
La Fiscalía sostiene que el italiano firmó el 1 de julio de 2013 un contrato privado con el que cedía sus derechos de imagen a la entidad Vapia Limited, dicho contrato estaría vigente durante diez años y este recibiría a cambio 25 millones de euros. Un día más arde, la entidad nombró como su apoderado al técnico del Real Madrid "otorgándole los máximos poderes de actuación para gestionar sus derechos de imagen".
Más tarde, en una fecha sin especificar, se modificó el plazo de duración del acuerdo, siendo este tres años menos, y el precio de compraventa de los derechos de imagen se rebajó a un millón de euros.
Mientras el técnico firmaba su contrato con el club blanco, se otorgó al acusado un "contrato privado" con el Real Madrid en el que este cedía el cincuenta por ciento de sus derechos de imagen a la entidad deportiva, para el periodo comprendido entre el 5 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2016.
El cincuenta por ciento restante estaba en manos de una sociedad "innominada" y "no determinada" que actuó en nombre y representación del acusado. Según el escrito de Fiscalía, dicha sociedad resultó ser Vapia LLP, domiciliada en Londres, y no Vapia Limited, una sociedad constituida en Islas Vírgenes, una circunstancia que no se comunicó al Real Madrid hasta un año después.
