En abril de 2022, activistas climáticos protestaron frente al Congreso de los Diputados y arrojaron pintura roja biodegradable contra la fachada de la puerta de los leones. Tras esto, fueron detenidos e identificados por la Policía.
Ahora, la Fiscalía de Madrid solicita 21 meses de prisión para 15 de los manifestantes, que se encuentran vinculados al movimiento denominado Rebelión Científica, ya que se les ha imputado un delito contra el patrimonio histórico. Entre los acusados se encuentra el filósofo Jorge Riechman, la ambientóloga Marta García Pallarés o el director del observatorio de la Sostenibilidad, Fernando Prieto.
El último de ellos ha criticado que la Fiscalía actúe contra los científicos "en lugar de contra el Estado o las empresas contaminantes", y declara que las protestas climáticas continuarán pese a la represión.
Sucesión de los hechos
En el escrito la acusación recuerda que poco antes de las 10:00 horas del 6 de abril de 2022 un grupo de 15 personas "previamente concentrados entre sí", acudió a la Plaza de las Cortes de Madrid para protestar junto con otras personas ante el Congreso de los diputados debido a las llamadas "emergencias" derivadas del "cambio climático".
Una vez allí, disponiendo de una sustancia líquida de composición orgánica "posiblemente resultante del previo licuado de remolacha y su mezcla con cacao y/o alguna otra sustancia", tiraron dicha sustancia en múltiples zonas de la fachada principal de edificio del Congreso de los diputados, "incluyendo la escalinata, las columnas, el pórtico, los podios de los leones, y parte de la fachada anexa a la puerta principal de bronce".
Tras quedar la fachada teñida de rojo, su "plena restauración exigió, además de una primera limpieza mediante la aplicación de agua a presión por el Servicio Especial de Limpieza Urgente municipal de Madrid, con un coste de 713,57 euros, la posterior intervención del inmueble mediante aplicación de un sistema de limpieza controlados e inocuos para la piedra y los morteros".
En total, el coste adicional ascendió a 2.592,69 euros para el presupuesto de la Cámara Baja. Además, la Fiscalía señala que el edificio del Palacio del Congreso, situado en la Carretera de San Jerónimo nº 39 de Madrid, está catalogado como edificio singular en el Catálogo de edificios protegidos de la ciudad de Madrid, y tiene reconocido un nivel de protección Tipo I integral de conformidad con lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.
Además, fue incoado expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural en la categoría de monumento por Orden Ministerial de 4 de junio de 1977 del Ministerio de Educación y Ciencia, con consecuencia del artículo 11.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de patrimonio histórico español.
