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La Fiscalía rechaza rebajar penas en aplicación de la ley del 'solo sí es sí'

Mientras se resuelve la polémica, el PP ha tratado de elevarla al Parlamento Europeo fracasando en su intento.

La Fiscalía rechaza rebajar penas en aplicación de la ley del 'solo sí es sí'

La Fiscalía General del Estado ha emitido un decreto para unificar criterios en la respuesta de los representantes del Ministerio Pública en las revisiones de penas a delincuentes sexuales en aplicación de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí'.

En el texto, de obligado cumplimiento para todos los fiscales, se descarta que apoyen revisiones de condena si se le puede aplicar la misma pena con la nueva reforma del Código Penal. Es decir, siempre y cuando la condena fijada antes de la ley del 'solo sí es sí' siga estando contemplada en la nueva horquilla de penas, no podrá rebajarse.

"Es decir, la revisión sólo procederá cuando la pena efectivamente impuesta exceda en abstracto de la que correspondería imponer en aplicación de los preceptos de la nueva legislación penal", explica el fiscal general, Álvaro García Ortiz, en su decreto, que insta además a analizar "individualmente" cada procedimiento, "huyendo de automatismos que impidan valorar las concretas circunstancias concurrentes en cada caso".

El documento se publica en plena polémica por la decisión de algunos tribunales territoriales de rebajar penas a condenados por delitos de violencia sexual tras la entrada en vigor de la norma.

Eje del debate jurídico

El debate jurídico se ha centrado en el artículo 2.2 del Código Penal que permite revisar a la baja de forma retroactiva una condena si una reforma legal beneficia al preso. Pero también en la ausencia de una disposición transitoria que tradicionalmente se incluye en las reformas del Código para limitar la capacidad de los jueces para firmar esta rebajas.

Con su escrito, la Fiscalía se pone en la línea del Ministerio de Igualdad, impulsor de la norma, señalando que los tribunales no están contemplando las particularidades de cada caso.

El decreto de la Fiscalía detalla también que para que a un condenado se le aplique la norma más favorable, la elección entre la ley antigua y la nueva "ha de hacerse de manera global, en bloque", sin que sea válida la "aplicación troceada", tomando de la nueva ley lo que favorezca y rechazando lo que perjudique. En ese caso, indica el escrito, se estaría enjuiciando de manera "incorrecta".

"Resulta evidente que la manifiesta imposibilidad de aplicar de forma fragmentada partes de una ley derogada y de otra vigente de forma simultánea constituye una máxima jurídica que no precisa aparecer expresada en una disposición transitoria", subraya.

Fracaso del PP en Europa

Mientras se resuelve esta polémica, la derecha y la extrema derecha han aprovechado para elevar el tono en España en contra del Gobierno y en particular en contra de la ministra de Igualdad, Irene Montero, pidiendo su dimisión. Tal es así que incluso el PP ha tratado de llevar este asunto al Parlamento Europeo, fracasado en su intento.

Rosa Estarás, eurodiputada del PP, ha solicitado cambiar sobre la marcha el orden del día de la sesión plenaria del Parlamento Europeo que se desarrolla en Estrasburgo tratando que se censura la ley del 'solo sí es sí' aludiendo a que, además, el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La conservadora ha reclamado "declaraciones del Consejo de la UE y de la Comisión Europea sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres y lucha contra los delitos sexuales, incluido el caso de la ley española recientemente aprobada que reduce efectivamente las penas de los delincuentes condenados". "Una ley que rebaja las penas a violadores y permite que salgan a la calle", ha reiterado.

Sin embargo, el PP solo ha conseguido sumar a la extrema derecha y a los dos eurodiputados de Ciudadanos, por lo que su maniobra se ha caído por 242 votos frente a 136. Además, se ha llevado varias críticas por su intento de elevar polémicas nacionales al Parlamento Europeo.

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