Los ánimos en Cataluña siguen caldeados. Tras la dura represión en algunos casos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, llegó la indignación ciudadana. La Fiscalía de Barcelona investiga posibles delitos de coacciones, amenazas y odio procedentes de distintos consistorios catalanes después de, supuestamente, forzar a los dueños de los hoteles donde se hospedaban policías y guardias civiles a que los desalojaran.
Esta investigación se ha puesto en marcha tras la publicación de las imágenes y vídeos de los policías y guardias civiles abandonando los edificios mientras decenas de manifestantes les increpaban. Asimismo, un gerente de la cadena de hoteles Chequin en Pineda de Mar publicaba un comunidado a través de las redes sociales en el que aseguraba sentirse "amenazado" por las instituciones. En la nota informativa, comunicaba que debía expulsar a los agentes de los refugios hoteleros. Si no lo hacía, le cerrarían el hotel durante cinco años.
Tras la represión, el acoso a la policía
Las localidades que han provocado la reacción de la Fiscalía son Calella y Pineda de Mar. El fiscal de delitos de odio y discriminación de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, ordenaba a la Policía Nacional a investigar los hechos y a identificar a las personas que estaban llevando a cabo coacciones para expulsar a los agentes.
En la primera, 150 antidisturbios de la Guardia Civil tuvieron que abandonar el recinto tras la petición por parte de la empresa propietaria Eco-Resort. Entre los hoteles que solicitaron este abandono se encuentran el Palmeras, el Catalonia y el Vila.
La presión no solo llega por parte de las instituciones a las cadenas hoteleras. Los vecinos y manifestantes independentistas persiguen y lanzan consignas contra los agentes como "No sois bienvenidos". Cientos de ciudadanos no olvidan las imágenes de la reacción policial que recorrieron el mundo el pasado 1 de octubre.
En la segunda localidad, Pineda, Carme Aragonès del PSC, primera teniente de alcalde, aseguraba que estaba negociado con los hoteles para que solicitaran el abandono a la policía y guardia civil debido a "los ánimos irritados" y la "situación de riesgo" que se está viviendo en las calles.
En el caso de la Policía Nacional, hasta 250 agentes antidisturbios han sido "expulsados" de los hoteles y se han visto obligados a buscar otro alojamiento mientras se mantenga activado el dispositivo policial por los acontecimientos que rodean al referéndum en Cataluña
Mariano Rajoy sale en defensa
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha ordenado a través del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que los efectivos de la Guarida Civil y la Policía Nacional no abandonen los hoteles en los que se encuentran alojados en Cataluña y que tienen un contrato en vigor.
Mariano Rajoy, apoyando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un tuit firmado por él mismo en su cuenta:
Quiero manifestar mi total apoyo a las FCSE que están defendiendo la legalidad y los derechos de todos en Cataluña #EstamosporTI. MR
— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 3 de octubre de 2017
Esta decisión se produce tras una reunión de urgencia convocada en la sede de Interior por Zoido para analizar con la cúpula policial el acoso al que estaban siendo sometidos los agentes por parte de manifestantes y, en algunos casos, radicales independentistas.
Tras celebrarse esta reunión, se produjo un encuentro en la Moncloa entre Rajoy, Zoido, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y Álvaro Nadal, el ministro de Turismo.
En estos encuentros se han estudiado todas las medidas posibles que va a llevar a cabo el Estado para defender la legalidad y la integridad de los agentes desplazados que tenían la misión de impedir el referéndum y que permanecerán en Cataluña unos días más debido a los paros convocados en la comunidad para rechazar la violencia policial del pasado 1 de octubre.
