La Asociación Preeminencia del Derecho presentó el pasado 9 de abril una denuncia ante la Fiscalía Superior de Madrid contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y receptación en relación al proceso judicial que afecta la pareja de Ayuso por defraudar a Hacienda.
La fiscal jefa de Madrid, Almudena Lastra, ha ordenado la apertura de un expediente gubernativo y el traslado de la denuncia presentada contra Isabel Díaz Ayuso a la Fiscalía del Tribunal Supremo, debido a que la presidenta regional goza de aforamiento.
La Fiscalía del Tribunal Supremo será la encargada de decidir si existen indicios suficientes para justificar la apertura de diligencias de investigación.
La asociación denunciante sostiene que la presidenta madrileña ha beneficiado al grupo empresarial Quirón, adjudicatario de varias licitaciones en la región y principal pagador de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador.
Quirón y González Amador
El Grupo Quirón se considera el "principal beneficiario de las colaboraciones público-privadas que lleva realizando el PP en la Comunidad de Madrid", según la denuncia presentada. La división Quirón Salud ha cuadriplicado los pagos a Alberto González Amador, pareja de Ayuso desde 2021, por trabajos de consultoría. En concreto, en 2021 recibió 1.049.500 euros, así cuatro veces más que el año anterior (275.273,83 euros).
González Amador está siendo investigado por dos delitos fiscales y otro de falsedad en documento mercantil por defraudar a Hacienda 350.000 euros procedentes de comisiones de cerca de dos millones de euros por intermediar en la compra-venta de mascarillas en lo peor de la pandemia.
La denuncia de Preeminencia del Derecho, a la que ha podido acceder el periódico Público, señala que "el hecho de que la firma de Quirón sea la que más ayudas recibe no sería posible si la señora Ayuso no estuviera en el poder, puesto que todo esto ocurre desde que ella es presidenta de la Comunidad de Madrid".
De esta manera, la conducta de Ayuso puede enmarcarse en el presunto delito de tráfico de influencias, según la denuncia presentada.
Delito de receptación
"La señora Ayuso da remuneraciones a Quirón y Quirón da remuneraciones a su novio, todo queda en familia", dice en tono jocoso la denuncia, que añade que los hechos podrían constituir "uso de influencias para enriquecimiento de la pareja y aprovechamiento de ella misma", consonancia con el artículo 289 del Código Penal y el delito de receptación que contempla.
Este delito lo comete "el que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos".
La denuncia recuerda que el delito de receptación será castigado con la pena de prisón de seis meses a dos años.
