La Fiscalía Europea ha reclamado a la Fiscalía Anticorrupción la investigación abierta por el contrato de la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid, de la que se benefició Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La Fiscalía Europea se ha dirigido al departamento que dirige el fiscal jefe Alejandro Luzón al entender que, tras el citado contrato, se ha podido cometer un delito de malversación de fondos europeos, según publica el diario El Mudo de fuentes fiscales.
La representante de la Fiscalía Europea en España, la fiscal Concepción Sabadell, reclamó en los días previos a Anticorrupción la totalidad de las diligencias de investigación relacionadas con la adjudicación que afecta a Tomás Díaz Ayuso.
Anticorrupción ha respondido a la Fiscalía Europea con una negativa a entregar estas diligencias preprocesales abiertas a raíz de las denuncias del PSOE, Podemos y Más Madrid por dos razones. La primera es que no aprecia que haya podido cometerse un delito de malversación de fondos comunitarios, ya que el dinero fue empleado en la compra de mascarillas para luchar contra la pandemia. En segundo lugar, rechaza que el departamento europeo sea encargado de investigar delitos conexos con dicha malversación, es decir, tráfico de influencias, prevaricación o negaciones prohibidas a funcionarios que habrían sido cometidos por ciudadanos españoles, entendiendo que serían competencia de la Fiscalía española.
España no puede impedir la investigación
A pesar de todo, España no puede impedir que la Fiscalía Europea abra una investigación por supuesta malversación en la adjudicación de dicho contrato por parte de la Comunidad de Madrid, pero sí puede oponerse a que asuma todas las pesquisas que afecten a "funcionarios españoles y deben ser investigadas por fiscales españoles", señala el diario El Mudo de fuentes fiscales.
Con este choque de criterios sobre el horizonte, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha planteado un conflicto de competencia a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que deberá resolver en los próximos días qué organismo deberá investigar la adjudicación del contrato concedido por la Comunidad de Madrid y que afecta al hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso.
