El adelanto electoral en Castilla y León organizado por el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, tiene como principal objetivo tapar las cuestiones judiciales que afectan al PP de la región. Sin embargo, en mitad de la campaña, parece que las cosas se le están complicando a los conservadores.
La Fiscalía ha denunciado al PP ante el Tribunal de Cuentas por el caso de la financiación ilegal en las primarias que hicieron presidente del PP en Castilla y León a Fernández Mañueco, en 2017.
Según considera el Ministerio Público, el PP de Salamanca ha podido infringir varios artículos de la Ley de Financiación de Partidos Políticos, según informa EFE. En su petición al Tribunal de Cuentas, la Fiscalía solicita que se analicen las donaciones recibidas por el PP de Salamanca en el proceso de las primarias.
Más de 60.000 euros
En la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca se investiga supuesta financiación ilegal en el marco de las primarias, en el que están en calidad de investigados el presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, la gerente del partido, Isabel Sánchez, y el propio partido, como persona jurídica.
Las elecciones primarias del PP de Castilla y León en 2017 se celebraron para elegir al sucesor de Juan Vicente Herrera al frente del partido y auparon al cargo al actual presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ganó al otro aspirante, el entonces alcalde de León y hoy senador del PP por León, Antonio Silván.
En este proceso, según han delgado una treintena de testigos, se puso en marcha "una maquinaria ingente" para que Mañueco ganase las elecciones, para lo que hubo que pagar las cuotas de afiliados morosos, que no podían votar sin saldar la deuda. De ese modo, con donaciones de cargos electos y orgánicos, se amortizaron, supuestamente, más de 60.000 euros de deuda.
El PP no ha podido demostrar el origen de más de 24.000 euros y ahora la Fiscalía advierte al Tribunal de Cuentas que esas donaciones se le ocultaron.
"No consta en las actuaciones que las cantidades donadas se consideran como tales por el Partido Popular, ni se ingresaran en la cuenta de donaciones, ni se diera cuenta de ellas al Tribunal de Cuentas, ni se comunicara al mismo que parte de la cantidad de 61.937,65 euros que se reconoce como deuda amortizada de las cuotas de afiliados en el informe anual remitido a dicho Tribunal, fue realizada, directa o indirectamente, mediante donaciones de terceras personas y no de manera nominativa por los afiliados", explica en su escrito la Fiscalía. De ello se deduce, según el Ministerio Público, que el PP podría hacer infringido la Ley Orgánica 8/2007 de financiación de partidos políticos.