Concepción Dancausa, actual Delegada del Gobierno de Madrid, ha sido encausada por un posible delito de fraude en Mercamadrid cuando era concejal en el equipo de Gobierno de la alcaldesa Ana Botella en el ayuntamiento de la capital.
La Fiscalía quiere investigar una extraña operación por la que el Consistorio cedió unos terrenos municipales a una empresa privada pero, en vez de recibir dinero por ellos, terminó pagando a la sociedad un canon de 41.500 euros mensuales por los que se comprometió hasta el año 2032. Es decir, el ayuntamiento pagaba a una empresa para que se beneficiase de un terreno, en vez de cobrarle el alquiler.
El contrato de arrendamiento, para el que la Justicia parece no encontrar explicación, tenía otra cláusula en la que si el ayuntamiento rescindía la adjudicación de dicho suelo público, debería pagar a Merca Ocio Hoteles 22 S. L. el montante total en un solo pago: 11 millones de euros.
La denuncia ha llegado tras la comisión de investigación que el actual gobierno municipal, liderado por Manuela Carmena, llevó a cabo sobre la dudosa gestión en varias empresas públicas, entre las que se encontraba la propia Mercamadrid. El equipo de gobierno considera que el contrato fue "desproporcionado y abusivo" y ha denunciado que el ayuntamiento había pagado "15 veces más de lo que debía por ceder el terreno".
Al parecer, el ayuntamiento tomó la decisión de firmar dicho contrato para evitar una denuncia de la empresa privada, que quería construir un hotel en el terreno alquilado, una decisión a la que negaba el consistorio desde el año 2002. Fue entonces cuando el ayuntamiento denunció a la empresa adjudicataria por una deuda de más de 70.000 euros, sin embargo, el gobierno municipal se retiró del juicio en 2013 pactando un acuerdo que ahora se investiga.
A pesar de todo ello, el contrato firmado no había contemplado la construcción del hotel y en una hipotética batalla legal, la Jusicia hubiera dado la razón al ayuntamiento. Por todo ello, la Fiscalía no comprende la toma de esta decisión y considera que puede haber incurrido en un delito de fraude, puesto que Dancausa presidía en aquella etapa el Consejo de Administración de Mercamadrid.
En la causa están investigadas un total de 16 personas, entre los que se encuentran altos cargos de Mercasa y Mercamadrid. Uno de ellos es Pablo González González, hermano del expresidente Ignacio González, como cabecilla de la Operación Lezo y que se encuentra en prisión desde el pasado viernes 21 de abril. Además se encuentran el exprimer teniente de alcalde del Gobierno de Ana Bogtella, José Enrique Núñez; el exdirector general de Mercamadrid José Manuel Torrecilla Jiménez; la exdirectora general de Economía y Desarrollo Económico del Ayuntamiento, Dolores Flores Cerdán y la jefa de Planificación Estratégica y Operaciones de Mercasa, Silvia Llerena Muñoz.
Por otro lado, permanece en la causa el dueño de la empresa que había recibido la concesión de los terrenos, José Domingo Rodríguez Losada, un pujante constructor de la época del auge inmobiliario de Marbella y que contaba a sus espaldas con la construcción del hotel Algarrobico en Almería, uno de los símbolos de la operación Malaya.
