La Fiscalía General de Colombia inició a finales de 2018 una investigación por los delitos de "concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito" y "enriquecimiento ilícito de particulares", en relación a la dirección del Canal de Isabel II. Ahora, a esta causa también se le han incluido los dos años de la etapa en la que Ángel Garrido estuvo del frente de la Presidencia del Canal.
Inassa y Triple A son las filiales colombianas de la empresa pública madrileña, aquiridas hace 15 años. En las pesquisas contra ellas, los fiscales colombianos han incluido a los gerentes españoles que ejercieron cuando Garrido fue el máximo responsable. Además, estas delegaciones están siendo también investigadas por corrupción en la denominada 'Operación Lezo', que está instruyendo un juzgado central de la Audiencia Nacional.
Las filiales gestionan el suministro del agua a la ciudad colombiana de Barranquilla, entre otras actividades. Las investigaciones sobre ellas abarcan el periodo comprendido entre 2000 y 2017, según manifestó de manera oficial el Ministerio Público de Colombia.
Garrido y sus consejeros, investigados
Cuando Cristina Cifuentes llegó al gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido pudo acceder a la Presidencia de la compañía del agua madrileña, el 9 de septiembre de 2015. Al mismo tiempo se convirtió en el número 2 de Cifuentes como consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno.
En la empresa pública autonómica ejerció junto a otros consejeros de su gobierno: Engracia Hidalgo (Economía, Empleo y Hacienda), Pedro Rollán (Transporte, Vivienda e Infraestructuras) y Jaime González Taboada (Medio Ambiente y Ordenación del Territorio). Unos años después, todos ellos están siendo investigados por la Justicia Colombiana.
En octubre de 2018, la Fiscalía General de Colombia emitió un comunicado anunciando la apertura de medidas legales contra directivos y ex directivos de Inassa y Triple A, por un contrato de asistencia técnica. La investigación al respecto se adscribió dentro de la segunda fase de la llamada 'Operación Acordeón', con el objetivo de poner al descubierto las redes de corrupción de las filiales del Canal en Colombia.
Los fiscales declararon que las filiales se habrían "apoderado y desviado recursos destinados exclusivamente para prestación de los servicios públicos en la Costa Atlántica y el suministro de un bien vital para la comunidad como es agua potable".
Pagos fraudulentos durante la gerencia de Garrido
Entonces la Fiscalía reconoció públicamente que se había detectado "un incremento patrimonial injustificado de los socios de las dos multinacionales en Colombia". Pero lo más destacable fue que las investigaciones afectaban a "hechos ocurridos desde el año 2000 hasta el 2017 en el que se detectaron aparentes pagos fraudulentos a través de un 'contrato de asistencia técnica' que habría causado un detrimento patrimonial del orden de 236.853 millones de pesos colombianos". Esa cifra, al cambio de entonces, equivalía a más de 66,6 millones de euros, según informa OK Diario.
Tras estas acusaciones, Garrido sustituyó a Cifuentes en la presidencia de la Comunidad de Madrid tras su dimisión, y Rafael Prieto se mantuvo como director general del Canal. En este momento ambos se vieron afectados indirectamente, porque eran responsables de los ejercicios 2016 y 2017, y unos meses que afectaban a 2015.
Estas acciones legales de la Fiscalía afectaron a los ex gerentes de Inassa y Triple A, pero también al gerente de Inassa en Colombia, Germán Sarabia Huyke. Pero el golpe más duro fue para los españoles Carlos Roca García (gerente de Inassa) y Alberto Mugurio Eulate (presidente ejecutivo de la sociedad de aguas colombiana), a quienes penalizaron con multas económicas no privativas de libertad.
