La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, prepara un decreto para proceder al archivo de las diligencias indagatorias iniciadas el 5 de junio de 2020 y por las que se abría la investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por el rey emérito Juan Carlos I relativas a su fortuna, según ha avanzado El Confidencial.
La investigación la llevaba el entonces fiscal de Sala y hoy teniente fiscal del Supremo, Juan Ignacio Campos, al tratarse el emérito de persona aforada ante la Sala Segunda. Campos y su equipo, junto con el fiscal jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, "han llegado a la conclusión de que el rey emérito no es imputable", por varias razones.
Apuntan a la inviolabilidad del monarca mientras ostentó la jefatura del Estado hasta junio de 2014. Añaden también la "prescripción de determinados hechos" y las excusas presentadas en forma de regularizaciones los pasados meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021.
No tendrá que acudir a declarar
De esta forma, el Ministerio Público considera innecesaria la citación del monarca para declarar ante el juez, ya que aseguran que con la documentación de la Agencia Tributaria y las declaraciones de personas de su entorno de confianza como Álvaro d'Orleans son ya suficientes para la investigación.
Cabe destacar que el archivo de las diligencias indagatorias, que aleja la posibilidad de interponer denuncia o querella contra el rey emérito, no implica ni conlleva el sobreseimiento del caso. Por lo tanto, las investigaciones podrían reabrirse si se hallasen nuevos indicios.
El archivo de las investigaciones permitiría a Juan Carlos I regresar de forma temporal a España.
