La Fiscalía alemana ha pedido formalmente la extradición de Carles Puigdemont a España por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. Ahora la decisión final recae sobre la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, que deberá determinar qué hace con el expresident de la Generalitat, que continúa en prisión provisional en la cárcel de Neumünster.
La Fiscalía alemana cumple así las reclamaciones del Tribunal Supremo español. Además, ha solicitado mantener a Puigdemont en Neumünster por riesgo de fuga hasta que la Audiencia de Schleswig tome la decisión correspondiente.
Alemania rechaza los intentos del expresident de dotar de carácter europeo al conflicto independentista, alegando que un asunto jurídico de este tipo debe ser tratado en el país de origen. Se complican de esta manera las opciones de Puigdemont de salir en libertad, tras ser detenido el pasado 25 de marzo.
La Fiscalía alemana justifica su decisión
En un comunicado recogido por la Agencia EFE, la Fiscalía alemana no rechaza ninguno de los delitos por los que acusan al expresident, ni siquiera el de rebelión. En cuanto a este, subraya lo siguiente: "La acusación de rebelión contempla, esencialmente, la celebración de un referéndum inconstitucional a pesar de que eran de esperar enfrentamientos violentos".
Durante el comunicado, la Fiscalía compara este acto con el delito de alta traición que recoge el Código Penal alemán, al igual que ve similitudes entre ambos países en el de malversación, a pesar de que, como incide en el escrito, "no es exigible legalmente una coincidencia literal de los preceptos alemanes y españoles".
La Audiencia Territorial del Land tiene la últlima palabra, en un proceso que podría durar más de dos meses.
La Mesa del Parlament aprueba la delegación de voto de Puigdemont
Prácticamente en el mismo momento del comunicado de la Fiscalía, la Mesa del Parlament aprobaba oficialmente la delegación de voto de Carles Puigdemont. Esto significa que el expresident podrá confiar su voto a otro diputado en los próximos plenos, una medida prohibida con anterioridad por el Tribunal Constitucional en el marco de la investidura del propio Puigdemont de principios de año.
Los votos de Junts per Catalunya y ERC han posibilitado que la normativa salga adelante, a pesar de que fue incluso desaconsejada por los letrados del Parlament. Previsiblemente, Puigdemont delegará su voto en la diputada Elsa Artadi.
