El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha enfriado cualquier posibilidad de suscribir un pacto de Estado en materia de vivienda con el Gobierno. El líder conservador se justifica en el registro de la 'Ley Begoña', en referencia a la proposición de ley socialista que prohíbe a los partidos políticos ejercer la acusación popular.
El problema en el acceso de la vivienda es la principal preocupación de los españoles, según el CIS. Los inquilinos destinan una media de más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler en las principales ciudades como Madrid o Barcelona, cuando lo aconsejable es que dicha cantidad no supere la tercera parte del salario.
La situación no ha hecho más que empeorar. Durante la última década se ha registrado un incremento en los precios del 50%. En ciudades como Barcelona dicho ascenso ha llegado al 100%, duplicando de este modo los precios. En la década de 1980, un médico con sueldo medio podría comprar una vivienda a los 27 años destinando 3 años de salario. En la actualidad, es necesario invertir ocho años de sueldo bruto anual y esperar hasta los 41 años para la compra de una vivienda.
Entre los problemas que se registran en la actualidad, se sitúa la falta de oferta y construcción de viviendas, que tensiona el mercado y dispara los precios. Además, España mantiene uno de los mercados más reducidos en materia de vivienda pública, que facilita el acceso a la población y permite reducir la media de precios del mercado.
Diferencias en la solución del problema
Los partidos son conscientes de cómo preocupa la problemática de la vivienda a los ciudadanos y el protagonismo que tiene en el debate público. Sin embargo, no están siendo capaces de ponerse de acuerdo para lograr una solución pactada, algo que queda más que patente en la falta de un acuerdo por un pacto de Estado en esta cuestión.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE) ha anunciado un compendio de doce medidas que incluyen la construcción de más vivienda para aumentar la oferta disponible, enfocando la situación desde una perspectiva de autorregulación de mercado. Dicha construcción sería privada, pero con especial énfasis en la vivienda protegida, puesto que ha recordado que en la actualidad tan solo hay un 2,5% de vivienda pública.
Además, Pedro Sánchez ha anunciado el traslado a la empresa pública de vivienda de más de 3.300 viviendas y 2 millones de metros cuadrados que se comenzarán a incorporar durante el primer semestre del año a las más de 30.000 viviendas que actualmente tiene la Sareb o 'banco malo' en su catálogo.
También se plantea establecer un sistema que facilite sacar vivienda al mercado, con un sistema de garantías que proteja a propietarios e inquilinos, especialmente a menores de 35 años, con la rehabilitación de vivienda vacía para destinarla a alquiler asequible durante 5 años y exención fiscal del 100% del IRPF para quien alquile siguiendo los índices de referencia sin estar en zonas tensionadas.
En el caso del PP, la formación de Alberto Núñez Feijóo propone reducir al 4% el impuesto sobre transmisiones patrimoniales a jóvenes menores de 40 años para que, en las comunidades donde gobiernan, haya que pagar menos por heredar una vivienda de los padres.
Reforma de las pensiones
Donde sí ha habido acuerdo es en la última parte de la reforma de las pensiones que ha planteado el Gobierno, que parecía en el aire por el rechazo de algunos de los socios de investidura, entre ellos ERC, Bildu, BNG y Podemos, que habían mostrado sus reticencias.
"No estamos de acuerdo en cómo se hizo, pero sí en el contenido, hay un acuerdo entre patronal y sindicatos, y aunque creemos que esos acuerdos también se tienen que llevar y negociar en la cámara, entendemos que es un aval suficiente para que el PP se posicione a favor de ese decreto", ha expresado Núñez Feijóo en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.
En todo caso, algunas partes del acuerdo, que se firmó en julio, no necesitan de apoyo parlamentario para su aprobación, puesto que son desarrollos reglamentarios, como los nuevos coeficientes reductores para ocupaciones penosas, o el nuevo papel de la reforma para las mutuas, que ganan protagonismo en el tratamiento de dolencias traumatológicas para reducir las listas de espera en la sanidad pública.
