La familia de Francisco Franco quiere enterrar al dictador en la cripta de la catedral de la Almudena, en Madrid. La medida se adoptaría tras la exhumación aprobada el pasado 13 de septiembre gracias a los votos de Podemos, los socios catalanes de ERC y el PDeCAT; así como el PNV. La votación tuvo la abtención de Ciudadanos y PP.
Los descendientes del dictador así lo hicieron constar en el escrito de alegaciones que presentaron ante el Ministerio de Justicia, adelantado por el periódico La Razón. En él, se se insta a que si el Gobierno actúa, "en contra de los deseos de su familia", se les entregue de forma inmediata el féretro con su cadáver en la propia Basílica del Valle de los Caídos.
Posteriormente, tras la honras fúnebres y oficios religiosos, se procedría a darle "cristiana sepultura" en la cripta de la Almudena, "donde mis hermanos y yo disponemos de un derecho de inhumación perpetua".Doce puntos del documento
Por un lado, la familia plantea la "inconstitucionalidad" de la modificación de la conocida como ley de "Memoria histórica" por "la inexistencia de una situación de 'extraordinaria y urgente necesidad". Por otro lado, alegan que el Gobierno vulnera "el derecho fundamental a la intimidad personal del artículo 18.1 de la Constitución".
Los nietos de Franco afirman que el poder de disposición de los restos del "caudillo" "corresponde, en exclusiva, a su familia, que ha manifestado de forma firme, expresa y unánime su expresa oposición a la exhumación y traslado de sus restos a lugar distinto del sepulcro que ocupan en la actualidad".
"Se trata de la imposición forzosa por parte del Estado de una exhumación no consentida por los titulares del derecho fundamental, una imposición que vulnera frontalmente tales derechos fundamentales y que, por ello, no debe encontrar encaje constitucional", aseguran en el texto de alegaciones.
Además, argumentan que se produce "una violación del derecho fundamental a la libertad religiosa" y que "infringe el derecho a recibir una sepultura digna por la exhumación por motivos ideológicos ajenos a cualquier justificación por motivo de orden público".
En dicho documento, presentado ayer por Francisco Franco Martínez-Bordiu, también se menciona la "nulidad radical del acuerdo de incoación del presente procedimiento ante la falta de jurisdicción de la Administración del Estado sobre la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que, como lugar de culto, tiene garantizada su inviolabilidad en virtud de los Acuerdos de 3 de enero de 1979 firmados entre el Reino de España y la Santa Sede".
Asimismo, se señala que se infringe así la ley que "reconoce al Valle de los Caídos como lugar de culto, al prescindir absolutamente de la necesidad indispensable de obtener la autorización expresa de la autoridad eclesiástica competente, en este caso, el prior administrador de la abadía de la Santa Cruz".
La familia asegura que la exhumación sólo dependería de la Comunidad de Madrid
Según la familia Franco, también hay una invasión de competencias transferidas a la Comunidad de Madrid relativas a la sanidad mortuoria y de las "facultades exclusivas de la familia para autorizar la exhumación".
"El Real Decreto Ley 10/2018, pese a su pretendido carácter general, es una disposición de carácter singular o de caso único, afectada por tanto de un vicio de inconstitucionalidad, al infringir el principio de igualdad ante la ley reconocido en el artículo 14 de la vigente Constitución", añaden.
E incluyen que "el procedimiento de exhumación vulnera frontalmente la Disposición Adicional 6ª bis del Real Decreto Ley 10/2018 toda vez que el Procedimiento debería ser único para todos los enterrados en el Valle de los Caídos que no cumplan con lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Ley 52/2007".
Esa normativa dispone que "en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda". Los herederos de Franco han calificado de "torpe" la redacción del Real Decreto, pues justifican que existen muchos enterramientos en ese lugar de personas que no fallecieron a consecuencia de la guerra civil.
El documento argumenta la "existencia del delito de profanación del artículo 526 del Código Penal, el cual, como es obvio, no puede ser modificado por un Real Decreto-Ley, ni por una norma que no tenga carácter de Ley Orgánica".
La familia Franco, que agradece "el generoso apoyo" que ha recibido de "un sinfín de personas", opina que la exhumación "constituye un auténtico atropello a una familia española, una monumental infracción de preceptos fundamentales del ordenamiento jurídico y una colosal chapuza jurídica que apenas encubre el rostro totalitario y revanchista del gobierno que la promueve".
"También, han decidido recusar a la Instructora del Procedimiento, la Subsecretaria de Justicia Dª. Cristina Latorre Sancho por concurrir en ella una evidente causa de abstención y, por ende, de recusación en el procedimiento iniciado, al ser evidente por su trayectoria política, su falta de parcialidad", según consta en el escrito.
