Será el 10 de junio de 2019 cuando se proceda a exhumar el cuerpo de Francisco Franco para enterrarlo en el cementerio municipal de El Pardo en Madrid. De hecho, las obras para acondicionar la cripta ya han comenzado y los operarios contratados por la Administración central ya están trabajando en estas labores. Es en este panteón, del que el Estado es titular, donde se encuentra enterrada la mujer del dictador, Carmen Polo.
Pero esta fecha prevista por el Gobierno se podría ver retrasada por una demanda presentada por la familia del dictador ante el Tribunal Supremo, en la que se denuncia la inconstitucionalidad del Decreto Ley que pretender trasladar los restos de Franco. Ya en marzo la familia del dictador presentó un recurso ante el Alto Tribunal para reclamar que se declarara nulo de pleno derecho el proceso de exhumación.
Tras formalizar otra petición en abril para ampliar el recurso más allá del 10 de junio, ahora los nietos del dictador han presentado por escrito los motivos de su demanda, entre los que defienden la "manifiesta insconstitucionalidad" del Decreto Ley aprobado por el Gobierno para que el proceso de traslado de los restos de Franco se haga efectivo.
El Gobierno ha comenzado las labores del traslado
Por su parte, el Gobierno prevé enterrar a Franco tras su exhumación del Valle de los Caídos en esta fecha, y por eso ya han comenzado sus labores en la cripta de la que es propietario desde el 11 de mayo de 2019, en el cementerio de El Pardo. Este panteón no es de la familia Franco, y dejó de petercener a Patrimonio Nacional por un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, que desvinculaba su concesión, aunque sigue teniendo "derecho de uso" de una sepultura.
Las instalaciones, construidas por el Ayuntamiento de Madrid durante la dictadura, ahora están gestionadas por esta misma institución. En este cementerio, que es uno de los más pequeños de los 22 que hay en la ciudad, también se encuentran enterradas personas cercanas a la dictadura, como Carlos Arias Navarro o Luis Carrero Blanco.
Pero este es un lugar que no gusta nada a la familia del dictador. Ellos prefieren la cripta de la catedral de la Almudena, pues lo consideran el lugar más seguro e idóneo para enterrar los restos del dictador, con un "nivel de riesgos sensiblemente inferior" al del cementerio de Mingorrubio, según un informe elaborado por expertos en seguridad.
Así lo explican en el comunicado, al que ha tenido acceso El Diario, en el que también exponen las razones para declarar la inconstitucionalidad de la acción del Gobierno. De esta manera, la familia incluye en su demanda la "vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa", "del derecho al honor, a la intimidad personal y familia y a la propia imagen". Y de la misma manera añaden la denuncia de lo que consideran "una ley de caso único", y de los propios requerimientos para que el Gobierno pueda "dictar un Decreto ley".
