El Gobierno y las aerolíneas low cost como Ryanair o EasyJet llevan enfrentándose un periodo largo de tiempo. El Ministerio de Consumo ya les abrió un expediente por sus políticas de cobro a los pasajeros y cuentan ya con una sanción final como ha informado La Ser.
Ryanair es la empresa más sancionada y deberá pagar el 60% de la cuantía final de la multa, seguido de Vueling, EasyJet, Volotea y Norwegian.
Las multas son elevadas debido a lo establecido por el Estado en 2022. Al calificar unas faltas como "muy graves", las sanciones que se establezcan pueden llegar a ser de 6 a 8 veces la cantidad del beneficio obtenido por las empresas.
Las distintas empresas low cost pueden llegar a facturar hasta 30 millones de beneficio extra al hacer uso de sus tarifas extras a los pasajeros.
El ministro de consumo, Pablo Bustinduy, ha dejado claro los objetivos de regulación por parte del Ministerio. Ninguna empresa debe poder saltarse la jurisprudencia y, aunque los procesos sean largos, se puede establecer unas bases legales que promuevan el progreso y que refuercen a las empresas que respeten la legalidad.
Hoy se hacen públicas sanciones por 179 millones de euros a cinco aerolíneas lowcost por prácticas abusivas contra las personas consumidoras.
— Pablo Bustinduy (@pbustinduy) November 22, 2024
El compromiso del Ministerio de Consumo es claro: no puede haber modelos de negocio basados en la vulneración de derechos de ciudadanía.
Las aerolíneas también reclaman
Las aerolíneas por su parte defienden sus principios legales y tachan al Gobierno español de atacar el libre mercado y de ser el único país de la Unión Europea que se plantea el modificar las prácticas de cobro de las empresas. Nombrando incluso a las sanciones presentadas como sanciones que proclaman ilegalidades.
Las aerolíneas declaran que no se deben generar cambios en las políticas económicas hasta que los Tribunales no compartan su resolución final, teniendo en cuenta "Los efectos tan perjudiciales que se podrían generar en los pasajeros".
