El referéndum ilegal del 1-O vuelve a sufrir otro varapalo un año después de su celebración. Esta vez el Equipo Internacional de Expertos Electorales Internacionales (IEERT), un grupo contratado por la propia Generalitat y dirigido por Helena Catt, ha elaborado un informe al que ha tenido acceso El Mundo en el que cuestiona la "integridad" y la validez del resultado de la votación, por la gran cantidad de anomalías.
IEERT desplegó a 70 observadores por los más de cien de puntos de votación que había por toda Cataluña para supervisar lo que se aconteció antes, durante y después de la consulta del 1-O. El informe es muy concluyente ya que ellos consideran que el referéndum no cumplió con ninguno de los requisitos legales para considerarlo una consulta electoral válida. Entre las irregularidades destacan: la elaboración del registro de votantes y su posterior uso, la cadena de custodia de las urnas y su recuento, el acceso de su equipo de observadores el día de la votación, inconsistencias en la comisión electoral, las garantías para el voto secreto o el personal de las mesas electorales, entre otros hechos.
También rechazan a informar sobre la "integridad del resultado" ya que no tuvieron acceso por motivos de diferente índole al recuento final de votos. E incluso dictaminan que se incumplió la obligación de que existieran "al menos dos personas" que custodiaran las urnas durante la votación y de no existir "una comisión electoral en orden".
Un sinfín de irregularidade que no permiten validar la consulta
En el documento también expresan que sus "observadores comprobaron cómo los miembros de la organización huyeron con las urnas para esconderlas en un lugar seguro hasta que se cercioraran de que la amenaza policial había cesado" y que, debido a esto, "no hay manera de comprobar que la urna que regresó fue la misma, que ésta hubiera sido abierta o que se hubieran añadido nuevos votos en ella". Esto produce una ruptura clara en la "cadena de custodia de las urnas", concluyen los expertos.
El siguiente punto del informe hace referencia al sistema de votación y su gran cantidad de irregularidades y problemas que hacen cuestionar la integridad del resultado. Los expertos observaron que en "varios puntos de votación se permitió que votaran personas sin acreditar que estaban en el registro electrónico" o que "los votantes habían podido ya votar anteriormente". Que incluso no existió la obligatoria anotación del nombre del votando junto a su DNI y que, la única respuesta de los responsables fue ya se haría después; sin embargo, en el documento esgrimen que "no pudieron ver ninguna anotación del número de votantes que debían ser chequeados posteriormente en el registro electrónico" y, tampoco, la existencia de que esa comprobación "se hubiera hecho más tarde".
Votos en bolsas de basura
En ese errático uso del registro electrónico los expertos anotaron diferentes problemas de conexión con la base de datos. Además, observan en el informe que "en diferentes puntos observaron cómo se metían votos en bolsas de basura negras" tras el día electoral sin haber podido comprobar si se procedió a su destrucción en el punto de votación como es obligatorio.
Los expertos concluyeron que la "conducta observada en la votación dista del contenido de la ley electoral y de las instrucciones del referéndum" y, añaden que "en algunos casos, estos cambios fueron anunciados por la Generalitat, pero otros fueron introducidos ad hoc en respuesta a la actuación de las autoridades españolas y al miedo a votar que provocaron". Por eso, el IEERT, dice que no puede certificar la votación porque "el número de cambios, su escala y su desviación de las normas de la administración electoral plantean serias cuestiones sobre la integridad general del proceso de votación".
