Un grupo de magistrados ya jubilados del Tribunal Supremo, entre los que se encuentran Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín, junto a otros fiscales como José María Mena, se han reunido con un grupo de intelectuales para rellenar una querella contra el rey Juan Carlos I en la Sala Segunda del Tribunal Supremo por cinco delitos fiscales relacionados con Hacienda Pública.
Esta querella parte de la investigación contra el rey emérito en la Fiscalía del Tribunal Supremo, que fue archivada después de que el monarca iniciase un proceso de regularización. Juan Carlos I pagó, entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, 678.000 euros y 4.395.000 euros, en concepto de sus regularizaciones fiscales. Estos pagos imposibilitaban los procedimientos penales y cerraban las investigaciones contra él.
La querella se ha publicado bajo la firma de los exfiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, juristas como Joaquín Urías, Javier Pérez Royo, Blanca Rodríguez Ruiz y Eduardo Ranz Alonso, el periodista Miguel Mora, exmagistrados del Supremo Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín e intelectuales como Josep Ramoneda y Pilar del Río.
Los denunciantes han reflejado que los pagos realizados por Juan Carlos I no se ajustan a derecho debido a que se realizaron después de la notificación de su existencia.
La base legal de la querella
La ley española prohíbe que un contribuyente regularice su situación fiscal si ha recibido de manera previa el aviso de que la Agencia Tributaria o la Fiscalía han iniciado una inspección o investigación.
Además de denunciar esta regularización tardía, los integrantes de la querella denuncian que los pagos realizados a través de la fundación Zagatka, bajo el cargo de su primo Carlos de Orleans, no fueron declarados y que los pagos mediante préstamos no son válidos para las regularizaciones.
Los juristas y firmantes participantes de la querella han querido demostrar a lo largo de las 20 páginas del documento que su interés se basa en: "potenciar el valor superior de la Justicia, los principios generales del Estado de Derecho y la igualdad ante la ley".
La querella ha propuesto una fianza simbólica de un euro bajo la justificación de que esta es una lucha por la igualdad legal en el Estado y en el caso de que el querellado sea condenado, los firmantes buscan la mínima estancia en prisión, debido a la edad del rey emérito, pero la máxima pena económica.
