Empezó con Francisco Franco, le ha seguido Primo de Rivera y continuará con más líderes del franquismo. Las exhumaciones derivadas de la Ley de Memoria Democrática siguen su camino. Tras la marcha de los líderes de Falange, dos militares permanecen hoy en posiciones de privilegio para ser exhumados. El teniente general José Moscado y Jaime Milans del Bosch, ambos sepultados no en Cuelgamuros, sino en el Alcázar de Toledo.
El gobierno de Castilla-La Mancha del socialista Emiliano García Paige siempre ha abogado por "hacer cambios sin demasiado ruido". "Los restos deben ser exhumados y entregados a cementerios familiares, pero tales cosas no pueden almacenarse en las dependencias del ministerio de Defensa en un país democrático", dijo en un comunicado la Asociación Manuel Azaña.
El Ministerio de Defensa, dirigido por Margarita Robles, ya ha iniciado los trámites para la exhumación de los dos franquistas, pero no será un proceso fácil, porque en los sótanos del Alcázar hay más de 200 personas que tomaron parte en el levantamiento en la ciudad manchega mientras el ejército republicano intentaba ocupar el Alcázar. Este edificio, que sirvió como fortaleza para el rey Carlos V, fue "liberado" por parte del ejército de Franco, recordándose como una de las hazañas más importantes de la Guerra Civil.
Moscardó y Milans de Bosch
Moscardó fue una de las figuras más destacadas de los rebeldes contra la Segunda República en la capital manchega y fue conocido por defender el Alcázar de Toledo, donde ahora yace. Fue el coronel encargado de defender a los rebeldes frente a las milicias republicanas hasta la llegada de las tropas africanas procedentes de Andalucía y Extremadura. Murió en Madrid en 1956, pero sus restos fueron enviados a Toledo.
Milans del Bosch también fue protector del Alcázar. Al final de la guerra se convirtió en soldado voluntario en la División Azul y sirvió en la Segunda Guerra Mundial contra la Unión Soviética como capitán. Fue el único de los generales que se unió al golpe de estado de Tejero del 23-F, por lo que fue condenado a nueve años de cárcel.
La Ley de la Memoria Democrática establece que los responsables de la sublevación de 1936 no pueden estar enterrados en otro lugar que no sea un cementerio. Nunca en un lugar que sea accesible al público y que contribuya a "actos públicos que promuevan, elogien o conmemoren las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra o la dictadura". La ley también especifica que su cumplimiento es responsabilidad de los órganos del Estado.
