El Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, gobernado por el Partido Popular con el apoyo externo de Ciudadanos y VOX, no permitirá por el momento la entrada de los obreros y técnicos especializados para comenzar a abrir las criptas de las víctimas del franquismo que fueron enterradas en este monumento de la dictadura por el régimen.
A la espera de conocer qué sucede con el proceso, hay 61 familias que todavía no saben si podrán recuperar a sus familiares, muchos de ellos con avanzada edad. Todo depende, además, del estado de las criptas, que es diferente para cada una de ellas, y de la caja que las contenga. En muchos casos, los restos de diferentes personas se han mezclado por el deterioro de los columbarios.
Todo depende en estos momentos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. A juicio del Consistorio, se trata de una obra mayor, por lo que requiere de una serie de procedimientos que pueden retrasar durante meses el comienzo de las obras.
A diferencia de la exhumación de Franco, que fue catalogada como obra menor (abrir el suelo de la basílica y proceder a la exhumación), en este caso el Ayuntamiento se escuda en la complejidad de las obras para paralizar una exhumación que ya se había planteado desde hacía varios meses.
El Gobierno no quiere retrasos
El Gobierno aprobó la exhumación con una subvención de 665.000 euros para la realización de los trabajos y ahora espera que los escollos legales no supongan un impedimento. Además, señalan que ha habido tiempo suficiente para preparar todos los rescoldos legales y técnicos para realizar los trabajos necesarios en esta exhumación de las víctimas de la dictadura.
El trabajo requiere tocar algunas estructuras que, sin embargo, pueden suponer un riesgo para la estructura del complejo, por lo que requiere un proyecto técnico, según publica El Diario. El Ayuntamiento indica que, primero, se realizará un informe técnico con el arquitecto municipal (que no será el mismo que diseñó la exhumación de Franco, Luis Gamers, fallecidos en agosto de 2020), sino Antonio Rosado.
Posteriormente, el escrito se remitirá a la Comisión Local de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, que elaborará un dictamen. Si es positivo, se trasladará a la Junta de Gobierno Local para que sea aprobado. Con todo el procedimiento, el Ayuntamiento dispone de un plazo máximo de tres meses para emitir su respuesta. Con el colapso administrativo derivado de la actual situación, muchas administraciones superan el plazo, que no implica silencio administrativo positivo, por lo que toca continuar esperando. Es decir, los plazos se pueden dilatar todavía más.
Todo esto implica que podría darse la circunstancia de que la Junta de Gobierno podría tomar una decisión contraria a los informes técnicos, basada en criterios políticos, aunque confían en que no. "Igual de grave sería tomar una decisión urbanística con informes desfavorables, que al contrario", explica una fuente relacionada con el proceso a El Diario.
Precisamente, la Fundación Francisco Franco ya intentó paralizar la exhumación del dictador intentando elaborar un informe en el que calificaba aquella exhumación como obra mayor, intentando dilatar los trámites. La Justicia, sin embargo, desestimó su demanda y dio la razón al criterio del Ayuntamiento de El Escorial.
