La imputación de Esperanza Aguirre está cada vez más cerca. Su empeño en construir el campo de golf en pleno centro de Madrid, en unos territorios que pertenecen al Canal de Isabel II, se encuentra actualmente en el centro de las investigaciones.
Y su implicación en el caso está cerca, puesto que no se ha producido aún tras la dimisión del exfical de la Trama Lezo, Carlos Yáñez. Llevó el caso hasta hace unas semanas, pero poco antes de abandonar el cargo, dejó un escrito en el que solicitaba formalmente la imputación de Aguirre y Gallardón.
Los documentos se encuentran actualmente en manos del nuevo fiscal jefe Anticorrupción, Aljandro Luzón. Los delitos que se le imputan son los de prevaricación y malversación de caudales públicos.
El complejo de golf en el Canal de Isabel II se construyó a cuenta de las arcas públicas de la Comunidad de Madrid a pesar de que los vecinos de la zona pedían un parque público. Chamberí no cuenta con ninguna zona de esparcimiento o práctica de deportes. Esperanza Aguirre jamás ocultó su predilección por el Golf.
Ahora, las instalaciones se derrumbarán porque el complejo fue construido "nulo de pleno derecho", según ha ordenado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Comunidad y Ayuntamiento ya cuentan con un plan de remodelación del área y mantendrán la pista de fútbol y pádel, al contrario del Golf. La remodelación costará ocho millones de euros, durará dos años y correrá a cuenta de las arcas públicas.
Si se produce este hecho, Aguirre se vería por primera vez inmersa en un procedimiento por presunta corrupción (ya estuvo imputada por desobedencia tras su famosa huída en la Gran Vía en plena campaña electoral).
Sus antiguos mano derecha e izquierda, Francisco Granados e Ignacio González, ya la han señalado directamente. Ambos han permanecido largo tiempo en prisión y González ha mantenido una relación estrecha con la lideresa a lo largo de casi dos décadas (fue su sucesor en el cargo gracias a su 'dedo divino').
Gónzalez aseguró ante el juez que "ella conoció cuál era el proyecto que se iba a hacer en la cubierta", lo que supondría que Aguirre incumplió la ley sabiendo lo que estaba haciendo. Un paso definitivo para su imputación.
Junto a la imputación de Aguirre, llegaría también la del expresidente regional, Alberto Ruiz Gallardón, en relación a la compra de Inassa. La sociedad se adquirió en Colombia por un valor muy superior al real y a cargo de las arcas públicas (dejó un boquete millonario). El juez piensa que la diferencia se pudo repartir entre los responsables.
Si se producen todas estas imputaciones, la imagen de la Comunidad de Madrid quedaría seriamente dañada: todos los presidentes de la región, durante 20 años (1995-2015), se verían inmersos en casos de corrupción. Todos ellos forman parte del Partido Popular.
