La ex diputada de VOX en el Parlament de Cataluña, Isabel Lázaro, ha denunciado ante la Fiscalía al secretario general de su partido, Ignacio Garriga, y su mano derecha en la cámara, Joan Garriga, por presunta malversación y apropiación indebida.
La querella incluye la acusación contra los denunciados por haber diseñado un "doble circuito de aprobación de fondos públicos", según recoge el escrito de la demandante. El primero de ellos se realizaría mediante la facturación por servicios ficticios.
Los denunciados cobraban una retribución directa en el Parlament de Cataluña de 88.973,60 euros, una cantidad que incluía un pago especial por la labor de portavoz y portavoz adjunto. Simultáneamente, cobraban mediante "giro de facturas" al grupo parlamentario "de la cuenta de asignaciones económicas".
De este modo, Garriga facturó 3.700 euros mensuales en concepto de "dirección del Grupo Parlamentario" y Joan Garriga se adjudicó un total de 1.063 euros en algunos meses por "servicios prestados". "Este esquema indica una duplicidad en el cobro de fondos públicos mediante autocontratación. Concretamente, don Ignacio Garriga, habría girado facturas por un importe total de 81.490,59 euros durante los ejercicios 2021 a 2023; mientras que don Joan Garriga, habría girado facturas por un importe total de 4.240 euros durante el ejercicio 2023", indica la demanda.
En el segundo aspecto se incluye el cobro de las dietas del Parlament para gastos propios en viajes, manutención o reuniones, así como el uso de tarjetas de crédito asociadas a la cuenta del grupo parlamentario, en la que se ingresó más de un millón de euros "para fines personales sin control de ningún tipo".
Con las tarjetas de ambos políticos se realizaron "pagos de bienes y servicios sin relación con su actividad parlamentaria, incluyendo gastos de hostelería y restauración; desplazamientos privados; vacaciones personales en agosto y gastos familiares", señala la denunciante.
Mediante el uso de las cuatro tarjetas bancarias para los Garriga, según el escrito de Lázaro, dispusieron de una "cantidad total de 105.568,68 euros durante los ejercicios 2022 y 2023", por lo que la suma del "doble circuito de apropiación de bienes públicos" asciende a 191.299,27 euros.
A su juicio, estos datos evidencian que la asignación parlamentaria a VOX se estaba empleando para pagos ajenos a la actividad parlamentaria y se destinaban a cuestiones personales de los miembros de la dirección, financiando gastos estrictamente personales con los fondos del grupo.
La denunciante advierte de que podría constituir una utilización irregular del dinero, y que se habría realizado con "evidente ánimo de lucro y de forma continuada", puesto que dicha actuación "correspondería la aplicación del subtipo agravado, con penas de entre 4 y 8 años de prisión e inhabilitación por un tiempo de entre 10 y 20 años".
En cuanto a la apropiación indebida, señala que los Garriga fueron únicos administradores de las tarjetas bancarias y que "abonaron gastos que no se correspondían con los fines propios de las asignaciones sino de carácter absolutamente personal y ajeno a su actividad parlamentaria".
"Dado que se trata de múltiples gastos sostenidos en el tiempo es más que probable que se trate de una apropiación indebida por cuantía superior a los 50.000 euros, siendo entonces de aplicación una pena de prisión de entre 2 y 6 años, así como una multa de hasta el triple del valor apropiado", señala la denuncia.
Precedentes sobre Ignacio Garriga
El secretario general de VOX y líder de la formación en Cataluña, Ignacio Garriga, ya había sido señalado por la auditoría del Parlament. En junio de 2024 se apuntó a que podría haber incurrido en gastos irregulares por casi 40.000 euros entre 2021 y 2022.
El organismo fiscalizador pidió a la Mesa del Parlament que comprobara si el líder catalán de VOX había incluido en su declaración de actividades y bienes de los ejercicios de 2021 y 2022 la realización de una actividad profesional.
Garriga tuvo que devolver 380 euros al Parlament tras las acusaciones e irregularidades en los gastos de actividad del grupo parlamentario. La formación de Santiago Abascal en todo caso negó que se hubieran facturado gastos personales de este modo y los achacó a un error en el uso de la app móvil de pagos Wallet.
