El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha defendido este jueves 11 de mayo que los coches de la plataforma tecnológica Uber deberían pagar licencias de taxi y contar con autorización para prestar servicio en los Estados miembros, tal y como han exigido los profesionales del sector.
Así al menos lo ha defendido el abogado del alto Tribunal, Maciej Szpunar, cuya decisión no es de obligado cumplimiento pero suele coincidir con las sentencias que posteriormente impone el Tribunal europeo.
Su decisión llega tras una denuncia de la patronal del taxi de Barcelona, la Asociación Profesional Elite Taxi, que ha acusado ante Europa a la tecnológica estadounidense por competencia desleal, mediante su servicio UberPop.
Uber se defiende, y afirma que la UE garantiza la libertad de las empresas a lo largo de todo el territorio comunitario, puesto que actúa como mero intermediario entre clientes y conductores, pero que en ningún caso mantiene en plantilla a ningún chófer ni posee ninguno de los coches que aparecen en su plataforma.
Sin embargo, Szpunar considera que Uber es en realidad un servicio mixto, y tiene en cuenta que los conductores no ejercerían el mismo trabajo si no existiese la aplicación.
En este caso, aprecia diferencia, por ejemplo, con las empresas que venden billetes de avión por internet, que sí pueden operar sin restricciones. En dicha situación, los aviones siguen en funcionamiento a pesar de que la aplicación deje de funcionar, y esa es precisamente la diferencia entre unos y otros.
Además, otro de los motivos se encuentra en el hecho de que Uber impone a sus conductores rutas y precios, así como puede expulsar de la plataforma a todos aquellos que no cuenten con la valoración que estimen oportuna.
Es decir, la Justicia europea considera que Uber actúa de forma mucho más determinante que un simple intermediario, porque es capaz de evaluar a sus conductores, despedirlos e imponerles rutas y precios; a pesar de que no estén directamente contratados por la empresa.
Así, el abogado ha calificado a Uber como "un sistema completo de transporte urbano bajo demanda" y ha calificado la simple aplicación como "un elemento secundario". Todo ello podría suponer un duro revés ya que, posiblemente, podría terminar por cambiar la situación laboral de los trabajadores que actualmente aparecen en la aplicación de desplazamientos. Sin embargo, aún queda una sentencia del Tribunal que otorgue una decisión definitiva.
Blablacar ya enfrentó sanciones similares en Madrid
Blablacar, la plataforma de coche compartido, también fue objeto de sanciones recientemente por el mismo motivo.
En dicho caso, fue la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes quien multó con 4.000 euros a dos conductores que habían ofrecido sus servicios en la aplicación, por llevar a viajeros en sus vehículos sin ninguna autorización por parte de las autoidades. Fue la primera multa de este tipo que se impuso en Europa.
Consideraban, por aquel entonces, que los precios que se imponían eran más altos que los de compartir un viaje, por lo que apreciaban que había un afán lucrativo en la realización de los trayectos.
Sin embargo, la plataforma no podría ser sancionada por el mismo procedimiento que ahora podría llevar a cabo el Tribunal europeo con Uber: Blablacar no impone precios a sus conductores.
Sin embargo, sí se lleva una comisión de cada uno de los viajes que allí se ofertan, por lo que la legalidad del servicio estaría en entredicho. Mientras tanto, tanto taxistas como la patronal de autobuses (Confebus) se encuentran en pie de guerra para acabar con estos servicios digitales.
