ETA se encuentra en la fase final de su disolución. Según las previsiones, el grupo hará pública y oficial su declaración de desaparición entre finales de mayo y principios de junio. ETA no está solo en los preparativos de este importante anuncio, sino que cuenta con la ayuda del GIC (Grupo Internacional de Contacto).
El GIC, con el abogado sudafricano Brian Currin a la cabeza, está formado por personalidades como el exsecretario general de la Interpol, Raymond Kendall o el asesor en los acuerdos de Camp David, el israelí Alberto Specktorowski. El GIC fue clave en la Conferencia de Paz de San Sebastián que se celebró en 2011, tres días antes de que la banda terrorista anunciase el cese de la violencia.
Agus Hernán, presidente del Foro Social, una organización vasca que pide el acercamiento de los presos de ETA, está muy presente en las relaciones entre el GIC y el grupo de liberación vasco. Considera que el respaldo internacional de la declaración conseguirá "fortalecer la credibilidad" de la misma, como señala El País.
La gran incógnita ahora, es conocer el contenido del escrito y cómo se escenificará visualmente. Hernán nos da una pista y apunta al término "desmovilización", recogido en la ONU para estos casos. "En cualquier caso, la desaparición de ETA va a ser definitiva, clara y concluyente", sentencia el presidente del Foro Social.
El siguiente objetivo, lograr el acercamiento de los presos
Una vez se haga oficial la disolución de ETA, se pondrá fin a décadas de conflicto, aunque todavía con muchos asuntos por resolver. El principal: la situación de los presos etarras en las cárceles españolas.
La mayoría de partidos vascos consideran la disolución de ETA como un punto de inflexión a la hora de abordar el tema. El segundo paso sería que la izquierda abertzale reconociera públicamente a las víctimas de la banda, acudiendo a actos institucionales de este tipo. Ya se dio el primer paso el pasado mes de marzo cuando EH Bildu acudió al décimo aniversario de la muerte del edil socialista Isaías Carrasco.
Con estos procedimientos, algunos derechos como el acercamiento de los presos a las cárceles vascas o la posibilidad de lograr el segundo grado penitenciario podrían estar más cerca. Sin embargo, la política llevada a cabo por el Gobierno hace difícil alcanzar la concordia entre ambas partes.
De momento, los populares han decidido no participar en una ponencia del Parlamento vasco sobre memoria y convivencia, y todo parece indicar que no facilitarán a corto y medio plazo ninguna de las peticiones que el Foro Social y demás organizaciones demandan.
