El veto parental vuelve a estar de actualidad. VOX, tras la experiencia de Murcia, vuelve a ponerlo sobre la mesa en los Gobiernos de Andalucía y lo Comunidad de Madrid a sabiendas de que ambos ejecutivos, formados por PP y Ciudadanos, dependen de ellos para poder formar mayorías y, en definitiva, funcionar. Conscientes de ello, la formación de extrema derecha aprovecha para presionar en determinados asuntos y colar algunas de sus peligrosas ideas.
Teniendo en cuenta el rechazo que VOX siente por la diversidad, pretenden impedir que los menores reciban cualquier tipo de formación al respecto en las aulas. El veto parental es la herramienta para recoger la conformidad o disconformidad de los padres y madres en la participación de sus hijos e hijas en todas las actividades complementarias impartidas por personas ajenas al centro educativo. Su objetivo son las charlas afectivo-sexuales o sobre violencia de género que suelen impartirse en los centros y que VOX considera de "ideología de género".
¿Qué dice la Constitución?
Para defender el veto parental, los de Santiago Abascal se acogen al artículo 27.3 de la Constitución que dice que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Huelga decir que la diversidad afectivo-sexual y que el colectivo LGTBI no es una cuestión moral, sino una realidad humana. Por supuesto, obvian el punto 2 del mismo artículo de la Constitución que dicta que "la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales". Que ellos son muy constitucionalistas y mucho constitucionalistas, pero solo para lo que les conviene.
El caso de Murcia
Fue en enero de 2020 cuando empezamos a oír sobre el veto parental (que desde la extrema derecha tratan de suavizar llamándolo pin parental). El Gobierno de la Región de Murcia cedió ante VOX y lo implantó en el mes de septiembre de 2019 como requisito para que los ultras apoyaran los Presupuestos de la comunidad.
Este veto dio el salto a la política nacional ante el peligro que supone censurar parte del contenido educativo. El Gobierno central anunció que acudiría a los tribunales si no se rectificaba. Por esta razón, el Ministerio de Educación trasladó al ejecutivo de PP y Ciudadanos en Murcia un requerimiento para que derogara la instrucción vigente sobre el veto parental por vulnerar el artículo 27 de la Constitución y varios tratados internacionales suscritos por España. Pero en lugar de atender a este requerimiento, los conservadores y los liberales elevaron la ofensiva y, en lugar de derogar la instrucción, quisieron blindarla por decreto para regocijo de la extrema derecha.
Ante esta respuesta, el Gobierno de Pedro Sánchez solicitó la suspensión cautelar de esta medida y la justicia aceptó el recurso. El 12 de marzo de 2020, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspendido cautelarmente el veto parental en la región. Sin embargo, una vez finalizado el curso escolar 2019-2020, el alto tribunal murciano archivó el recurso contra la censura parental al haber expirado el ámbito temporal de aplicación de la medida.
Siguiente objetivo: Andalucía y Madrid
Después de la experiencia de Murcia, apenas ha vuelto a hablarse del veto parental hasta que desde VOX han rescatado esta iniciativa esta vez en forma de amenaza. Primero ha sido en Andalucía, donde Alejandro Hernández, portavoz del partido de extrema derecha en la comunidad, anunció al presidente Juanma Moreno Bonilla que dejarán de apoyar en el Parlamento las iniciativas del Ejecutivo del PP y de Ciudadanos hasta que no se implante el veto parental.
Cabe recordar que el Gobierno andaluz ya había anunciado su intención de regular un veto parental. Al menos a ello se comprometió con VOX, según se desprende del documento firmado entre los conservadores y los ultras en enero de 2019. El documento aseguraba su pretensión de "Garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo que deseen para sus hijos, evitando cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos y permitiendo que los padres puedan excluir a sus hijos de la formación no reglada por actividades complementarias o extraescolares cuando sean contrarias a sus convicciones".
Lo mismo ha sucedido en la Comunidad de Madrid. Rocío Monasterio, portavoz de VOX en la Asamblea, ha exigido que se implante el veto parental como condición para que su formación apoye los Presupuesto y es que sin el respaldo de los ultras, PP y Ciudadanos tienen difícil sacar las cuentas para 2021.
Crecidos tras Cataluña
Cabría preguntarse por qué ahora desde VOX se lanzan a presionar de tal manera a los dos Gobiernos que apoyan para implantar el veto parental. Podría responder a una mera cuestión de imponer su agenda ideológica a sabiendas de que PP y Ciudadanos dependen de ellos, pero no cabe duda de que las intenciones de los de Santiago Abascal son más ambiciosas y la respuesta estaría en Cataluña.
El pasado 14 de febrero Cataluña celebró unas elecciones en las que, si bien las fuerzas independentistas consiguieron mayoría, desde la derecha española se vivió un cambio de posiciones. PP y Ciudadanos cosecharon unos desastrosos resultados, dejando a los naranjas con solo 6 escaños (de los 36 que obtuvieron en 2017, cuando ganaron las elecciones) y a los conservadores con 3, dando buena cuenta de que siguen sin tocar fondo.
Por el contrario, VOX dio la campanada y logró entrar al Parlament con 11 representantes convirtiéndose en la cuarta fuerza de la cámara catalana. De esta forma, se producía el primer sorpasso de VOX sobre el PP en una Comunidad Autónoma, lo que ha envalentonado a Abascal, que ya sueña con que este escenario se repita en otras regiones para que esto le sirva de trampolín en el panorama nacional.
Apuntando al PP
El momento no es casualidad. Con Ciudadanos fuera de combate después de las elecciones del 10 de noviembre de 2019, el siguiente enemigo a batir es el PP, por lo que VOX ya comienza a presentarse como el principal partido de la oposición. Los de Pablo Casado atraviesan el peor momento de su historia y Santiago Abascal no va a dejar pasar la oportunidad. Aunque ahora los conservadores tratan de alejarse de la extrema derecha, a la que han abierto la puerta de par en par y en la que no han dudado en apoyarse para formar Gobiernos como el de Andalucía, Madrid y Murcia, no han podido evitar una fuga de votantes que está desangrando al PP y está haciendo crecer al monstruo. Un peaje que pagaremos todos los españoles.
VOX ha visto en el veto parental una oportunidad de oro a sabiendas de que es una medida polémica que será muy difícil de explicar para el PP y, sobre topo, para el Ciudadanos de Inés Arrimadas, que presume de ser un partido que apoya los derechos LGTBI y el feminismo y que ha vuelto a la vía de la moderación.
Se trata de una estrategia de desgaste. PP y Ciudadanos han dado a VOX un poder que ahora quieren usar para hacer caer sus Gobiernos. Si bloquean sus medidas e impiden que saquen adelante los Presupuestos en Madrid y en Andalucía, dos plazas fundamentales, dejarán caer a Isabel Díaz Ayuso y a Juanma Moreno Bonilla. Los ultras quieren jugársela en unas nuevas elecciones en ambas Comunidades Autónomas para tratar de conseguir nuevos sorpassos. Y aunque no los consigan, son conscientes de que Ciudadanos viviría una nueva debacle, convirtiéndolos en decisivos para conformar un ejecutivo con el PP, al que pondrían sobre las cuerdas teniendo que elegir entre Gobernar con ellos o dejar que gobierne la izquierda, lo que, en cualquiera de los casos, tendría consecuencias para el PP a nivel nacional.
