Cuando Donald Trump afirmaba que durante las elecciones estadounidenses se cometía fraude electoral, Rosa Ortega, una mujer mexicana de 37 años, no pensaba que se estaba refiriendo directamente a ella.
Ortega llegó a los Estados Unidos siendo un bebé, instalándose junto a su familia en Texas con todos los papeles en regla. Su permiso de residencia le otorgaba la libertad de desempeñar casi todos los derechos que posee un ciudadano estadounidense, aunque por el contrario no podía votar. Sin embargo ella votó, y en más de una ocasión, ejerciendo un derecho que ella creía que había adquirido al dedicar toda una vida al país donde residía.
Al cumplir su mayoría de edad comenzó a votar en el condado de Dallas, cumpliendo con lo que pensaba que era su deber. El drama comenzó cuando se trasladó al condado vecino de Tarrant, donde intentó inscribirse en los registros electorales. Al hacerlo, las autoridades se lo impidieron, al marcar la casilla donde decía no ser estadounidense. Más tarde, lo intentó vía correo electrónico, afirmando esta vez ser ciudadana del país, por lo que comenzó a ser investigada.
A pesar de ello, recibió la tarjeta electoral, que le permitió seguir acudiendo a las urnas hasta las elecciones pasadas, donde tomó parte por el partido republicano. Obtener la tarjeta electoral, aunque fuera por error, para ella era la reafirmación de su derecho, ya que pensó que habían comprobado todo el papeleo y que no existía problema.
En esta línea se expresaba su abogado, Clark Birdsall, durante el juicio, según recoge El Diario: "Tendrían que haber comprobado si esta gente cumplía los requisitos y, definitivamente, eso es exactamente lo que Rosa María Ortega pensó que hacía. Por eso, cuando le enviaron su tarjeta de registro de votante, ella asumió: 'Bueno, ya lo verificaron y decidieron que puedo votar, así que supongo que no hay problema'".
Ese punto pone en duda el método electoral americano, en el que tanto se habla de fraude. Si el propio sistema falla de una forma tan garrafal es normal que existan agujeros donde no se encuentra solución a ciertos resultados: "Como mínimo, las declaraciones hechas en las solicitudes para votar deberían verificarse antes de entregar las tarjetas de registro de votantes", afirmaba Sharen Wilson, fiscal del distrito del condado de Tarrant.
Cabeza de turco
Así mismo, su historia ha sido manipulada por el partido republicano para apoyar la teoría de Trump, según la cual millones de personas habrían votado de manera ilegal en las elecciones presidenciales de 2016. Los medios de derechas han dado una amplia cobertura a la sentencia de la mujer, explicando el caso como un claro ejemplo de la supuesta práctica fraudulenta del partido demócrata de utilizar votos ilegales. No obstante, se les olvida un pequeño detalle: Ortega votó por los republicanos.
En las elecciones presidenciales de 2012, la mujer sufragó por Mitt Rommey y en 2014, en la segunda vuelta de las elecciones republicanas estatales, secundó a Ken Paxton, que ahora es el fiscal encargado de juzgarla. De hecho, en un intento de ejercer su derecho al voto con una opinión formada se suscribió a la lista de correos electrónicos del partido republicano. Ahora, siendo la cabeza de turco de este partido, Ortega afirma que aún le mandan emails para asistir a sus eventos.
El caso de esta mujer ha sido tomado con saña por los tribunales republicanos. Según su abogado, "para alguien que estuviera deliberadamente tratando de alterar los resultados de una elección, podría ser una sentencia apropiada, pero para alguien que es ignorante y vota a causa de esa ignorancia, no es el castigo correcto". Sin embargo, "esto es un signo de los tiempos que vivimos en la política. Trump ha traído consigo una aura que dice que está bien odiar de nuevo y eso podrá ser odiar a cualquiera y, en este caso en particular, se trata de alguien acusado de votar ilegalmente, en especial una persona latina acusada de votar ilegalmente; me parece que el veredicto es totalmente desproporcionado y exagerado, pero creo que es el lugar en que nos encontramos hoy en día como país".
Ahora, Rosa Ortega está a la espera de ingresar en una cárcel estatal. Junto a su abogado ha presentado una apelación, con la esperanza de que el juez reduzca la pena hasta un régimen de libertad condicional. En el caso de que se cumpla este supuesto, Rosa será llevada ante los agentes federales de inmigración y será deportada a México, un país que no visita desde que tenía 14 años.
