Junio es el mes por excelencia de los estudiantes. Unos porque llevan todo el año soñando con las vacaciones; otros, porque se juegan su futuro si deciden presentarse a la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, popularmente conocida como Selectividad.
Cada comunidad autónoma tiene competencias en educación, lo que permite la creación de pruebas adaptadas a sus currículos específicos a pesar de que la estructura de las diferentes pruebas es similar. Dos fases, la general que es obligatoria, en la que se evalúan materias troncales, y la específica, que permite a los alumnos aumentar su nota hasta 4 puntos.
Claro que todo alrededor de Selectividad genera controversia. Por una parte, el hecho de que las comunidades adapten sus currículos porque algunos consideran que introduce desigualdades entre los estudiantes de diferentes regiones; por otra el hecho de que las puntuaciones eliminatorias con respecto a las faltas de ortografía sean también diferentes.
Los más críticos defienden que los exámenes deben ser iguales (en modelos y contenidos) para garantizar igualdad de oportunidades en el acceso a las diferentes universidades públicas de España, ya que las notas de corte varían considerablemente y se percibe una competencia injusta dependiendo del lugar de origen del estudiante.
Extremadura y Castilla-La Mancha son dos comunidades donde la corrección ortográfica tiene un peso importante en el examen ya que la normativa es particularmente estricta. Cometer varias faltas ortográficas puede resultar en la suspensión del examen, independientemente del contenido. En Castilla-La Mancha, se resta un punto por cada tres faltas, sin límite; mientras que en Extremadura, se quitan 0,5 puntos por cada falta, también sin límite.
En Madrid, las faltas ortográficas empiezan a descontar puntos a partir del segundo error, restando 0,5 puntos por cada falta, hasta un máximo de 3 puntos. Lo mismo ocurre en Murcia, donde se restan 0,5 puntos a partir de la tercera falta, con un límite también de 3 puntos.
Siguiendo en el tope máximo de esos 3 puntos, están la Comunidad Valenciana y Castilla y León, donde las penalizaciones son de 0,25 puntos por cada falta cometida. Del tope de 3 puntos pasamos a Aragón, donde no se concretan las faltas necesarias para comenzar a penalizar, pero se establece un tope máximo de un punto. En Cantabria los errores descuentan 0,25 puntos con un límite de 1 punto.
En Asturias y Galicia, se restan 0,1 puntos por cada falta a partir de la tercera, con un máximo de dos puntos, al igual que en Canarias, donde la diferencia se establece en la resta que es de 0,2 puntos.
En Cataluña, se resta 0,1 puntos por cada falta sin ningún límite máximo. En La Rioja y el País Vasco, no se especifica el número de faltas necesarias para empezar a penalizar, pero en La Rioja la penalización puede alcanzar hasta un 20% de la nota final, y en el País Vasco, hasta dos puntos.
Comunidades permisivas e igualdad de criterios
Las comunidades más permisivas son Navarra, Baleares y Andalucía donde en la primera se restan 0,25 puntos por cada cinco faltas con un tope máximo de un punto, en la segunda las faltas de ortografía comienzan a contarse a partir de la quinta, restando 0,25 puntos sin límite máximo y en la tercera, el límite es de 0,75 puntos, descontando 0,25 cada 3 faltas.
El Ministerio de Educación y las comunidades autónomas han decidido establecer criterios comunes a partir del próximo año para que los estudiantes tengan las mismas condiciones de evaluación. Según ha informado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, las penalización será de hasta un 10% de la nota total en los exámenes.
