Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, quiere evitar a toda costa ser relacionada con la trama Púnica. Pese haber sido imputada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, asegura que el auto que la sentencia en el centro del caso "es completamente falso". Así lo confirmaba un texto que la madrileña envió a Europa Press el pasado lunes 2 de septiembre.
Sin embargo, la sentencia del juez no dice lo mismo y es que se le atribuyen varios delitos por financiar ilegalmente al Partido Popular con dinero público para su propio beneficio. Aguirre no asume su participación en la trama ante los medios, que sí se han hecho eco del auto en cuestión, y afirma que no tendrá problema en defender su inocencia y "colaborar con la Justicia". "Lo haré con mucho gusto", afirma. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta a que Aguirre participó de forma activa en la trama durante las campañas electorales de su partido en 2003, 2007 y 2011.
El Partido Popular que Aguirre encabezó en Madrid ha querido ser cauto ante la noticia y es que le afecta por partida doble, ya que Cristina Cifuentes también ha sido imputada por financiación irregular de la formación política. Ambas serán llamadas a declarar ante el mismo juez que las ha acusado los días 1 y 18 de octubre, respectivamente, por un delito de falsedad mercantil y electoral.
Según la Guardia Civil, la investigación apunta a que las dos ex dirigentes estuvieron presentes en reuniones con altos cargos de empresas como Indra y fueron conscientes en todo momento de los pagos realizados por parte de la Fundación Fundescam. Por otro lado, Ignacio González, también ha sido señalado y su actividad fue investigada de la misma manera dentro del caso Lezo. También tendrá que prestar declaración ante el Juzgado Central el 17 de octubre.
Un mes antes, Anticorrupción había enviado una petición formal a la Audiencia Nacional para inculpar a los tres ex presidentes populares y al menos 30 personas más, entre ellos Manuel Lamela y Juan José Güemes. Todas ellas relacionadas con los mandatos del Partido Popular en la Comunidad. Javier Monzón, ex presidente de Indra también será citado ante la Audiencia el 4 de octubre. Un total de 43 personas serán llamadas a juicio entre el 9 de septiembre y el 18 de octubre mientras las autoridades continúan con la propia investigación, que comenzó hace ya cinco años con Francisco Granados como principal culpable del caso. El magistrado decidirá tras estos llamamientos si sentencia a los acusados en la trama.
El PP defiende a las acusadas
Fuentes cercanas a las filas populares defienden a Aguirre y Cifuentes y avalan su "presunción de inocencia" aunque defenderán "las decisiones judiciales". No podía ser de otra manera, ambas han sido fieles al partido desde hace sus inicios, incluso cuando este todavía recibía el nombre de Alianza Popular. Toda una vida dedicada a una larga y ostentosa, aunque sombría, carrera política que han desarrollado de la mano de la derecha ideológica española.
"Hay que esperar a la decisión del juez", afirman con prudencia. Abogan por un caso similar al de la senadora Pilar Barreiro. Los populares se quieren desmarcar de toda acusación que sea sinónimo de corrupción. El conejillo de indias que han usado para ello no es otro que Pablo Casado. Su llegada a la presidencia del partido ha servido para intentar llevar a cabo un lavado de imagen ante el conjunto de la sociedad civil española y el resto de agrupaciones e instituciones políticas.
"El PP de Pablo Casado es sinónimo de defensa de la regeneración y lucha contra la corrupción. El presidente se ha pronunciado en términos muy claros y contundentes, lo ha demostrado con hechos, esa es una de sus banderas como así lo saben los ciudadanos y también nuestros interlocutores políticos", insisten.
Ciudadanos también se ha hecho del auto del juez y pese a que Albert Rivera no pretende apoyar el populismo y su presunta vinculación con la corrupción financiera, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, asegura que la coalición de ambos partidos en la región supone "un punto y final a la corrupción".
