Las acusaciones de Puigdemont y los cuatro exconsellers que se encuentran en Bélgica sobre la falta de independencia de la justicia española han calado entre los jueces del país europeo. La justicia de Bruselas ha remitido a España una serie de preguntas sobre las condiciones de los presos en las cárceles (la higiene, la visita de los familiares, la alimentación, las celdas de aislamiento...) para corroborar que se cumplen todas las medidas pertinentes que salvaguarden la integridad de los acusados.
Pese a que un informe del Consejo de Europa ha determinado que en las prisiones españolas existen casos de malos tratos y torturas tras una visita al país, el Gobierno de Rajoy ha respondido de manera inmediata a la justicia de Bruselas asegurando que Puigdemont y los exconsellers estarían a salvo de las agresiones.
Asimismo, ha confirmado que serían enviados a la cárcel de Estremera (Madrid), uno de los centros penitenciarios "más avanzados", según el Ejecutivo, y donde ya se encuentra parte del exgovern. Además, el expresident podría acceder a una celda individual si así lo pidiera o compartir alguna con sus exconsellers. Puigdemont mantendría el contacto en todo momento con su abogado.
Dudas sobre las condiciones penitenciarias
La Fiscalía de Bélgica pretende asegurarse de que las condiciones penitenciarias en el sistema español son las adecuadas. Para ello ha remitido una serie de cuestiones a la juez de la Audiencia Nacional encargada del caso, Carmen Lamela, ante la inminente comparecencia de Puigdemont y sus exconsellers para resolver la petición de extradición solicitada por la justicia española.
El Gobierno de Rajoy ha remitido una extensa respuesta compuesta por quince páginas a través de Instituciones Penitenciarias en la que ha asegurado que los acusados estarían en todo momento bajo supervisión de los funcionarios para evitar que sean agredidos por otros presos. Asimismo, han añadido imágenes de las diferentes estancias de la cárcel de Estremera para que la justicia belga pueda corroborar que se trata de uno de los centros más modernos existentes en la actualidad.
Bélgica se ha interesado por las condiciones de las celdas españolas; la visita de los familiares; los habitáculos de aislamiento; la higiene de los presos e incluso la comida que se sirve dentro de las prisiones. Las dudas proyectadas sobre el sistema penitenciario español se justifican debido a las denuncias que ha realizado la defensa de los acusados.
A estas acusaciones hay que añadir las sospechas proyectadas sobre el régimen de internamiento manifestadas por el letrado del exvicepresident Oriol Junqueras y de los siete exconsellers que se encuentran en prisión preventiva. Según la defensa del exgovern encarcelado, se produjo maltrato por parte de los agentes policiales durante el traslado de los acusados a prisión. Entre los hechos denunciados, se mencionaron lesiones en las manos debido a la presión con la que les colocaron las esposas; conducción temeraria por parte de los furgones policiales; falta de cinturón durante el viaje; registros innecesarios al llegar a prisión, etcétera.
Pese a todas estas conjeturas, el Gobierno ha asegurado a la Fiscalía belga que la Constitución Española prohíbe expresamente la tortura y garantiza la integridad física y moral de los presidiarios. Además, menciona el artículo 6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria que establece que nadie podrá ser sometido a malos tratos "de palabra u obra".
De igual manera, el extenso escrito remitido por las Instituciones Penitenciarias ha hecho saber a la justicia de Bruselas que España recibe periódicamente visitas del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa para garantizar que se cumplen los Derechos Humanos en las prisiones. La última inspección de las instituciones europeas se produjo entre el 27 de septiembre y el 10 de octubre. Una delegación visitó varias cárceles españolas, comisarías y centros de menores.
El informe aseguró que, pese a algunos avances evidentes, la comisión había recibido denuncias que confirmaban la existencia de trato inhumano y degradante por parte de los funcionarios hacia los presos. Además, encomendaba al Gobierno a eliminar la detención incomunicada -algo que no se ha utilizado ni en 2015 ni en 2016- y a garantizar la independencia de los jueces encargados de vigilar las instancias penitenciarias.
El Gobierno asegura que los centros carcelarios están bajo la supervisión del Defensor del Pueblo y el Mecanismo de Prevención de Tortura Nacional. Ahora la pelota se encuentra en el tejado de la justicia belga. En base a los documentos remitidos por España, los jueces de Bruselas deberán determinar si se cumplen las condiciones necesarias para aprobar la extradición de Puigdemont y los cuatro exconsellers "huidos" de la justicia española.
