España es el único país de la Unión Europea que limita el concepto de violencia de género al ámbito de la pareja y no lo ha ampliado a otros al margen de la relación sentimental.
Así lo refleja el informe "La penalización de la violencia de género contra mujeres en los Estados europeos, incluyendo la violencia digital" elaborado por la Red Europea de Expertos Legales en Igualdad de Género y No Discriminación, encargado por la Comisión Europea y coordinado por la Universidad de Utrecht (Holanda).
El informe muestra una radiografía de la legislación penal en relación a la violencia de género en 31 países europeos, entre los que existe disparidad a la hora de abordar esta materia.
Analiza la legislación en nueve tipos de violencia contra la mujer, como la que se ejerce en el ámbito de la pareja, los matrimonios forzados, la mutilación genital, el acoso o la violencia digital, entre otras, todas ellas incluidas como tal en el marco internacional de Derechos Humanos.
Lorena Sosa, una de sus coautoras y profesora de Derecho en la Universidad de Utrecht, en declaraciones a la Agencia EFE, ha explicado que "la Comisión Europea quiere actuar" y ha encargado este informe con el objetivo de ver cuál ha sido la respuesta de los diferentes países en relación a la violencia contra la mujer.
Europe wants to do more against gender-based violence against women. Right now, EU member states vary a lot n their responses to violence. Research by @saradevido
— Universiteit Utrecht (@UniUtrecht) November 25, 2021
and @lorenapsosa of @SimUtrecht @UURechten @OpenSocietiesUU https://t.co/g5qpUEMyBe
España, un caso "bastante particular"
El caso de España es "bastante particular" porque nuestro país fue pionero al aprobar la ley integral contra la violencia de género si bien la limita al ámbito de la pareja. "Es el único caso que hemos encontrado en la que la definición específica está enfocada en el ámbito íntimo" y así lo refleja el informe. Según Sosa, lo recomendable en este caso sería que España extendiera su legislación a otras formas de violencia; de esta manera se conseguiría un impacto positivo en las víctimas a la hora de denunciar ante Justicia.
Por otra parte, el informe destaca la necesidad de legislar la violencia digital, por ejemplo, el acoso a través de redes sociales, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento o el discurso de odio por razón de género.
"No nos referimos a que solamente se regule en el ámbito penal, porque esta en sí misma nunca va a ser suficiente", apunta Sosa, quien apoya también otras formas de protección y prevención.
