Un informe emitido por la ONU en julio de 2015 denunciaba el peligroso impacto que estaban causando las políticas de austeridad en la igualdad de género en España y el aumento de la "cultura machista".
La Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) pidió entonces medidas para evitar la subordinación de las mujeres y la igualdad social y económica. Se denunció además el aumento de la brecha salarial.
Un informe de UGT estableció que las trabajadoras cobraban de media un 23,9% menos que un hombre en el mismo puesto de trabajo. La voz de alerta estalló con el número de víctimas causadas por violencia machista en España: 57 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.
Dos años después varios colectivos sociales feministas han evaluado qué medidas ha tomado el Gobierno en respuesta al Informe de 2015. Amparadas bajo CEDAW Sombra, que no solo analiza la violencia machista, sino la trata de mujeres, los derechos sexuales y el acceso a la educación, entre otros aspectos, enviarán su propio informe a finales de mes, según informa El Diario.
El resultado del estudio es claro: el Gobierno vuelve a suspender en políticas de igualdad y género. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, sancionada en 2004, continua sin modificarse. La principal petición legislativa propuesta desde la Convención radica en extender la normativa para condenar el acoso o las agresiones sexuales mortales.
España no alcanza un Pacto de Estado contra la violencia de género
En diciembre de 2016, España se abrió al diálogo condenatorio de los abusos contra el colectivo femenino. La integración en la Comisión de Igualdad de una nueva subcomisión para la violencia machista parecía un rayo de esperanza para aquellas mujeres en situación de desigualdad. Seis meses después de su constitución, los intentos de firmar el Pacto de Estado contra la violencia machista han sido fallidos.
En la primera mitad del año, más de 30 mujeres han sido asesinadas por violencia machista. La sociedad condena cada vez más este tipo de violencia mediante concentraciones, movilizaciones y campañas como la huelga de hambre de principios de año. La concienciación social es un paso enorme para acabar con la desigualdad, pero no suficiente, la ciudadanía, desgraciadamente, no tiene la potestad de legislar.
