Hoy, 10 de diciembre, se celebra el Día de los Derechos Humanos en todo el mundo. La declaración la redactó tal día como hoy hace sesenta y siete años la Asamblea General de las Naciones Unidas, un documento que recoge treinta artículos que explican los derechos básicos que deben disfrutar todas las personas en el mundo.
Sin embargo, no en todos los países del planeta estos derechos se cumplen de manera eficaz. Por ejemplo, Canadá, Islandia, Noruega, Finlandia o Suecia son los países que más respetan las indicaciones de las Naciones Unidas. Por otro lado, el continente africano es de los peores puntuados: la pobreza y los conflictos entre países es la principal causa. Pero, ¿qué hay de España?
España suspende en Derechos Humanos
Si bien nuestro país es un país democrático y desarrollado, los recortes sociales de los últimos años, las cargas policiales o las víctimas de violencia de género no dejan en buen lugar a España, que no está a la altura de otros países europeos como Francia, Alemania o Dinamarca. A continuación, hacemos un repaso de algunos de los puntos que se reconocen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los que nuestro país no da la talla.
1 Recortes sociales
El artículo 25.1 reconoce que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez (...)".
Nuestro país se ha visto envuelto en una mecánica protagonizada por las políticas de recortes que ha desarrollado el Partido Popular durante su gobierno, en gran parte, condicionado por las presiones de Bruselas. Los "tijeretazos" los han sufrido, en gran parte, la población más desfavorecida, como las personas dependientes y los usuarios de los Servicios Sociales.
En total, en la última legislatura se han reducido 2.000 millones de euros de los servicios de dependencia, mientras que el año pasado el Consejo General del Trabajo Social denunciaba que la demanda de ayudas al Estado se había incrementado un 74%, especialmente entre la clase media.
Para colmo, la Organización de las Naciones Unidas recomendó al gobierno en el año 2012 revisar estos recortes sociales con un claro objetivo: asegurar que dichas reformas respetasen todavía los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía.
2 Los abusos policiales
Si bien es cierto que en este aspecto no se puede generalizar, también lo es que en España se reciben al año numerosas denuncias por abusos policiales que hay que investigar. El artículo 5 de los Derechos Humanos puntualiza: "nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes".
Hace un año, cincuenta asociaciones junto con la Coordinación por la Prevención y la Denuncia de la Tortura presentaron un informe en el que databan en 6.621 las denuncias de abusos y torturas registradas en España durante los últimos diez años.
Haciendo un repaso rápido, solo en el mes de noviembre de este mismo año se ha publicado en la prensa nacional más de una noticia por semana referida a casos diferentes de brutalidad policial. En abril de 2012, un joven vasco murió durante una intervención de la Ertzaintza en Bilbao debido al uso de pelotas de goma.
Quizás, muchas de estas denuncias no lleguen a nada, pero lo cierto es que Amnistía Internacional ha llamado la atención a nuestro país al respecto. La organización aseguró hace unos meses que "las investigaciones sobre denuncias no fueron ni exhaustivas ni eficaces". No solo eso, también denunció la inexistencia de conclusiones claras sobre algunas actuaciones policiales durante el movimiento 15M.
3 La 'Ley Mordaza'
El artículo 19 de los Derechos Humanos reconoce el "derecho a la libertad de opinión y de expresión". Este derecho se ha visto visiblemente ensombrecido tras la entrada en vigor de la conocida como "Ley Mordaza" (la Ley de Seguridad Ciudadana). Esta legislación permite penalizar hasta con 30.000 euros las manifestaciones cercanas a instituciones del Estado como el Congreso, el Senado y los altos tribunales.
Además, se autoriza la disolución de algunas manifestaciones y se multa con grandes cantidades de dinero las protestas delante de la casa de un representante público (lo que se conoce como escraches). De hecho, en abril de 2013, el gobierno de Rajoy ordenó a la policía prohibir esta modalidad de manifestación a menos de trescientos metros de las casas de los cargos públicos.
El director de Amnistía España, Esteban Beltrán, criticó duramente esta medida en concreto: "¿qué son esos trescientos metros? El derecho de manifestación, como marca la doctrina del Parlamento Europeo, existe precisamente para molestar. Si no molestas, ¿para qué hay libertad de expresión?".
4 Desahucios
El artículo 17 reconoce el derecho a la propiedad en el punto uno, y en el punto dos afirma que "nadie será privado arbitrariamente de su propiedad". Si bien los desahucios se han producido en España con una base legislativa, otro debate es si esa legislación es o no justa. Tanto es así que en octubre una sentencia del Tribunal Europeo echó por tierra nuevamente la ley hipotecaria del Partido Popular.
El derecho a la vivienda no solo se garantiza en este artículo, sino también en el 25.1, en el que lo integra dentro del derecho a un nivel de vida adecuado. También se garantiza en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales y en el artículo 47 de la Constitución Española.
Sin embargo, al menos hasta ahora, el derecho a una vivienda digna no se reconocía como un derecho subjetivo (que se puede reclamar directamente). Por ello, en País Vasco, el Partido Socialista y UPyD han redactado un acuerdo este mismo año para una futura ley de vivienda que reconocerá el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo.
Amnistía España pidió la paralización de todos los "desalojos forzosos", al menos hasta que no hubiera recursos judiciales efectivos, "hasta que la gente se pueda defender", declaró el director de esta organización. Mientras tanto, todos podemos recordar a Carmen, la anciana de Vallecas desahuciada hace un año por avalar a su hijo. Finalmente, el Rayo Vallecano consiguió recaudar 15.000 euros para ayudar a la anciana.
5 Las tasas judiciales
El artículo 8 de los Derechos Humanos reconoce que "toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes (...)". Esto se limitó con la ley de tasas de Gallardón, que impedía acceder a los tribunales a las personas con pocos recursos que no puedan costearse un proceso judicial.
Pese a que Gallardón "suavizó" dicha ley tras las peticiones de la Defensora del Pueblo, para muchas personas fue insuficiente. Se conoce que el coste medio de una denuncia rondó los 300 euros, mientras que por un recurso ascendió hasta casi los 800 euros. Las apelaciones civiles se redujeron en un casi 30%.
En febrero de 2015, el gobierno aprobó un Real Decreto Ley que modificaba dicha ley y suprimió, así, las tasas judiciales para las personas físicas.
6 La doctrina Parot
La doctrina Parot es el nombre por el que se conoce a la jurisprudencia establecida tras la sentencia del Tribunal Supremo de España del 28 de febrero de 2006 que afectaba al cumplimiento de las condenas y a su límite máximo. Básicamente, esta doctrina establecía que los beneficios penitenciarios no debían descontarse del plazo máximo de encarcelamiento (treinta años en su momento), sino de la suma de las condenas empezando por el delito más grave.
De esta manera, el Estado Español aplicó esta doctrina a multitud de presos con "efecto retroactivo", o sea, a presos penados anteriormente a la entrada en vigor de esta jurisprudencia.
Sin embargo, en el artículo 11.2 de los Derechos Humanos nos encontramos con lo siguiente: "nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito".
En el año 2013, Estrasburgo tumbó esta doctrina y centenares de presos (sobre todo terroristas) salieron de prisión de inmediato como consecuencia de haber sufrido la aplicación de una ley posterior a la comisión de su delito, algo que provocó muchísima polémica.
7 Derecho al trabajo, al igual salario o a la cultura
Son derechos que se vulneran diariamente en nuestro país. El artículo 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho al trabajo. Nuestro país triplica la tasa media de paro en todos los países de la OCDE. La tasa de paro juvenil casi alcanza el cincuenta por ciento.
Por otro lado, el artículo 23.2 establece que "toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual". En nuestro país, si perteneces a alguna minoría (como puede ser la minoría racial) es más complicado tener el mismo sueldo por el mismo trabajo. Por no hablar de la situación de la mujer en el mercado laboral. La brecha salarial entre hombres y mujeres en nuestro país es enorme: el salario de los hombres es un 19,3% superior al de las mujeres.
Por último, el artículo 27 reconoce el derecho a la cultura. El IVA cultural en nuestro país es del 21%, el más alto de toda Europa. De esta manera, las personas más desfavorecidas tienen complicado acceder fácilmente a la cultura.
Nuestro país puede mejorar en muchísimos aspectos. Solo es cuestión de querer. Aun así, somos afortunados de vivir en un lugar en el que, pese a nuestras carencias, somos libres.
