España se sitúa en el G7 del cannabis medicinal, el creado para tratar dolencias y enfermedades. Sin embargo, este mérito siguen sin poder disfrutarlo pacientes de nuestro país, debido a que toda la producción debe ir destinada a la exportación por la no regulación de su uso en el Estado.
Todos los Estados deben comunicar cada año a la Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE) cuál es la estimación de necesidades de todas las sustancias que están sometidas al control internacional en cumplimiento de la Convención Única de Estupefacientes de 1961 y que van destinadas a un uso farmacológico y científico, entre ellas el cannabis.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha datado una previsión de producción de 36 toneladas de cannabis medicinal este años 2024. Esta enorme cantidad supone un incremento del 53% respecto al año anterior, más de la mitad. Aún así, en el 2023 ya se había cuadriplicado el rendimiento del cultivo con autorización administrativa.
Aunque el uso de la marihuana medicinal está prohibido en nuestro país, la producción procede de cultivos autorizados por la AEMPS con fines de investigación o de fabricación médica que, además, se han duplicado en los últimos años.
Esta falta de regularización no ha supuesto ningún tipo de obstáculo para que España haya subido con destreza en el ranking mundial de la producción de cannabis medicinal. Hasta tal punto de haberse situado en 2024 en la séptima posición, solamente adelantada por los gigantes de esta industria: Australia (97,2 toneladas notificadas), Israel (97,5), Colombia (100), Uruguay (116,6), Canadá (284,6) y Reino Unido (406,1). Rebasando así a países tan punteros como Portugal, Alemania o Perú.
Sin marco regulatorio
Dicho esto, España es curiosamente el único país de los mencionados como mayores productores del mundo que no cuenta con un marco regulatorio de su uso. Para ser exactos, dispone de una ley de 1967, promulgada por el dictador Francisco Franco, para la concesión de las autorizaciones de cultivo que aprueba la AEMPs.
Sin embargo, exponemos el dato contradictorio ya mencionado: 25 entidades públicas y privadas tienen la necesaria autorización de cultivo, cifra que supone un incremento del 150% con respecto a las que había en 2019. De ellas, 16 tienen como objetivo la investigación, tres trabajan en la producción de semillas y esquejes con fines médicos, otras tres se dedican a la obtención de lotes necesarios para la validación del proceso de fabricación de principios activos estupefacientes, una está realizando un ensayo clínico, y dos cultivan plantas directamente con fines de producción medicinal.
Regulación pendiente
La pelota está en el tejado del Ministerio de Sanidad, ahora dirigido por Mónica García. Así mismo, es conocido que este departamento ya estaba estudiando el borrador elaborado por la AEMPS para permitir el encaje legal de un uso solicitado por el Congreso de los Diputados en junio de 2022.
En concreto, la Cámara dio seis meses a Sanidad para aprobar la regulación del cannabis medicinal, plazo que venció en diciembre de 2022. Se entendía en el dictamen aprobado por la Comisión de Sanidad que el cannabis deberá ser prescrito por médicos especialistas de las enfermedades y dolencias autorizadas para su uso, además de dispensado en farmacias hospitalarias. Sin embargo, cabía la posibilidad de extender su aplicación tanto a médicos generalistas como a oficinas de farmacia comunitarias.
Pacientes con náuseas y vómitos causados por la quimioterapia, endometriosis, esclerosis múltiple o algunas formas de epilepsia eran las financiaciones recomendadas para su prescripción.
Autocultivo
Aún con el riesgo de exponerse a la imposición de multas por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, miles de pacientes encuentran en el cannabis una vía lícita para aliviar su dolor y lo utilizan aunque su uso no esté regulado. Para esto, recurren al autocultivo personal de plantas o al colectivo de las asociaciones de usuarios de cannabis, que se encuentran en un limbo legal, y al mercado clandestino.
Críticas
Ya son son diversas las organizaciones científicas y profesionales (como la Sociedad Española del Dolor) las que han criticado el retraso de a regulación, además de denunciado la frustración que suele generar entre los pacientes la falta de avances en este campo.
Jesús De Santiago, el responsable en el Grupo de Trabajo de Cannabinoides, ha advertido que esta demora no es que únicamente obstaculice el acceso de los pacientes con dolor crónico refractario a opciones de tratamiento potencialmente eficaces, sino que igualmente les está generando gran incertidumbre y ansiedad. Esto es lo que les puede obligar a buscar alternativas fuera del sistema sanitario para aliviar su malestar.
