El medio ambiente supone, desde hace unos años, una de las principales preocupaciones de los españoles. Sin embargo, esto no de refleja en la esfera política, cuyas irregularidades a la hora de hacer frente a la cuestión ambiental han provocado nuevas críticas por parte de la Comisión Europea.
El informe medioambiental presentado cada año por la Comisión sitúa a España a la cola de Europa en cuanto al cumplimiento de las normas medioambientales. En total, almacena 30 expedientes abiertos llenos de infracciones, un 9,2% del total (325 casos). Nadie tiene tantas irregularidades en la Unión Europea. Solo se acerca Grecia con 27. La mayoría tienen entre 15 y 18 casos sin resolver, mientras que Estonia y Luxemburgo solo 11.
España lidera esta clasificación desde 2015, aunque en 2016 ya agravó sus cifras, momento en el que recibió un toque de atención por parte de la Comisión. Pues bien, en 2017 la situación es todavía peor. Para evitar una dura sanción, el Gobierno tiene 81 días para elaborar una respuesta con las medidas que tomará con el fin de solucionar los casos.
Un sinfín de irregularidades de todo tipo
El listado de las infracciones abiertas va desde la mala gestión del agua hasta la falta de protección de los espacios naturales, pasando la caza ilegal o por proyectos urbanísticos sin ningún tipo de premisa ambiental.
Este último hace referencia al complejo turístico Origo Mare, situado en Fuerteventura y aprobado en 2001 por el PP. La urbanización se llevó a cabo en la zona de las arenas vírgenes de Majanicho, Zona de Especial Conservación (ZEC). A pesar de todas las batallas legales, e incluso la anulación por parte del Tribunal Supremo, la construcción se realizó. Años después, la Comisión sanciona a España por vulnerar los estándares medioambientales europeos en este proyecto, que se hizo sin estudiar su impacto sobre el hábitat y el medio ambiente.
Otro de los grandes problemas que señala la Comisión en su informe es el de la gestión del agua. El organismo europeo ha instado a España a que "se asegure de que las aguas residuales son tratadas adecuadamente", una circunstancia incumplida por hasta 426 ciudades y municipios españoles, como relata el estudio.
Por su parte, la Comisión también ha mostrado su preocupación por los espacios naturales de España, en claro riesgo por culpa de la sobreexplotación de los acuíferos. Tanto el Parque Nacional de Doñana como las Tablas de Daimiel están sufriendo las consecuencias de esta mala gestión.
Estos son solo algunas de las infracciones que España ha cometido en 2017, y que deberá solucionar si realmente quiere afrontar como es debido la cuestión ambiental.
