Más de cien días después de las pasadas elecciones del 20 de diciembre no hay Gobierno en España. De las once legislaturas de la historia de la democracia, ¿en qué nos perjudica y en qué nos beneficia que nuestros políticos no se pongan de acuerdo para que España vuelva a ser gobernable? Primero habría que definir la palabra gobernabilidad.
Según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, gobernabilidad deriva de gobernanza. Esta última se define como "arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promovimiento un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía".
Paradójicamente, en la línea de esta definición, España es ahora más gobernable que durante los cuatro años que ha gobernado el Partido Popular con mayoría absoluta. A pesar de que el gobierno en funciones sigue siendo el mismo a excepción del exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que dimitió el pasado viernes por su implicación en los papeles de Panamá, la situación es totalmente distinta. Las competencias de un Gobierno en funciones son facilitar el desarrollo normal del proceso de formación del nuevo gobierno y el traspaso de poderes, absteniéndose de adoptar, salvo en casos de urgencia, cualquier otra medida. Es decir, que la imposibilidad de tomar medidas con mayoría absoluta hacen de esta etapa la mejor del gobierno de Rajoy. Así se ha convertido el ejecutivo del Partido Popular a la par en anfitrión y convidado de piedra de una España que, irremediablemente parece ser que se verá obligada a repetir los comicios.
¿Estamos mejor sin Rajoy? El caso de Bélgica
No es la primera vez que un país europeo experimenta una situación de ingobernabilidad que se alarga durante meses. De hecho, en Bélgica pasaron 541 días sin gobierno entre el año 2010 y 2011. Obtener el récord mundial por ser el país que más días pasó sin ser gobernado fue solo una de las tantas alegrías que se llevó Bélgica gracias a la ausencia de la política en la vida del país.
El singobierno de Bélgica trajo consigo un aumento del Producto Interior Bruto, la reducción del déficit, el aumento del salario mínimo interprofesional y una bajada del paro, gracias a la normalización de la situación por parte de los ciudadanos, a pesar del clima de incertidumbre transmitido por los medios. Visto así, parece ser que la clave, al final, está en la no intervención de algunos políticos y el clima de tranquilidad que se vivía en la población.
La mejora de la calidad de vida sin los políticos se reflejó notablemente en el paro. Durante la falta de gobierno, el paro cayó del 8,2% al 6,7%, casi dos décimas sin que los dirigentes políticos hubieran tomado alguna medida. ¿Habla bien esto de los políticos y sus medidas cortoplacistas? Realmente no. Una vez formado un nuevo gobierno, el paro resurgió y se posicionó en un 8,5%.
Sin políticos a la vista, los ciudadanos también percibieron un descenso de la corrupción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción, durante el singobierno belga el país escaló desde el puesto 22 al puesto 16. España se encuentra actualmente en el puesto 36 y es el segundo problema que más le preocupa a los españoles después del paro.
El tercer problema que más preocupa a los españoles es la economía. En Bélgica, durante el primer semestre sin políticos, el PIB creció casi en tres puntos, en un 2,7%. A punto de cumplir el segundo semestre, el Producto Interior Bruto volvió a crecer un 1,8%, dos décimas por encima de la media de la zona euro. Con la subida del PIB también creció el salario mínimo interprofesional, que permaneció estancado durante los primeros años de la crisis económica. Así, el salario mínimo interprofesional belga subió de los 1.388 a los 1.415 euros. Más del doble que el español, situado en 655,20 euros actualmente.
¿A quién beneficia realmente esta situación?
En España, ninguna de estas tres mejoras se han manifestado de forma clara, aunque sí que es cierto que para percibirlas se necesita algo más de perspectiva histórica. Por ejemplo, dentro de estos cien días sin gobierno, las caídas del paro se han debido principalmente a un fenómeno estacional al estar marcadas por el periodo vacacional.
La lucha contra la corrupción se ha intensificado, sí, pero de manera directamente proporcional a los casos que han aparecido en los medios. Hoy en día es difícil discernir si el refuerzo de la vigilancia y sanción de las malas prácticas se deben a un afán de transparencia o a las circunstancias que derivan de casi un caso diario de corrupción política.
Lo cierto es que, con algunos políticos ocupados intentando lograr pactos mientras otros comienzan una segunda campaña electoral, el clima que se respira respecto a la corrupción es más relajado aunque igual de desconfiado con la clase política. ¿Pueden considerarse acciones de cara a unos segundos comicios las recientes dimisiones en el Partido Popular así como la multa de Hacienda al expresidente Jose María Aznar?
La economía tampoco ha crecido. Ni se espera que lo haga, con gobierno o sin él. Tal y como anunciaba el Ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, en referencia a la previsión del PIB de 2016, España bajará tres décimas y tan solo crecerá un 2,7%. La previsión de 2017 también bajará cinco décimas, de 2,9% al 2,4%, según el ministro por la "desaleceración global". Con los Presupuestos Generales del Estado de 2016 ya aprobados, las prediciones del Ministro en funciones parecen inevitables.
Entonces, ¿nos beneficia en algo no tener gobierno? No. La política es un mecanismo que puede permitirse moverse por inercia durante cierto tiempo pero es necesario un gobierno con ligera estabilidad para que el sistema funcione, para bien o para mal. Además, el mantenimiento de un gobierno en funciones que, sin embargo, no puede gobernar, también es un gasto considerable para las arcas públicas.
Gobernar sin gobierno, la monarquía parlamentaria tampoco ayuda
En el caso de que en los siguientes comicios no hubiera acuerdo de gobernabilidad, la situación política española se prolongaría hasta investir a un candidato o repetirse unas nuevas elecciones.
España es una monarquía parlamentaria, por lo que el Rey es el Jefe del Estado. Tal y como recoge la Constitución, el Rey tiene el deber de desempeñar algunas funciones para el arbitraje y moderación del funcionamiento regular de las instituciones. En este caso, Felipe VI además de proponer un candidato, puede tomar medidas para desatascar el clima de ingobernabilidad. Por ejemplo, el Rey tiene el poder de convocar y disolver las Cortes Generales así como hacerlo con las elecciones por real decreto de disolución.
¿Puede hacer algo más mientras no haya gobierno? No. De hecho, aunque las competencias del gobierno en funciones sean muy limitadas, en caso de necesidad podrían tomar decisiones de carácter nacional si la situación lo exige. Cada paso político de Felipe VI tiene que ser reclamado por el presidente del gobierno o aprobado por las Cortes Generales, por lo que la última palabra siempre la tienen los políticos.
