Una exescolta de Pablo Iglesias e Irene Montero contratada por Podemos ha decidido demandar al partido por el trato laboral discriminatorio recibido por parte de la número dos del partido. La denunciante asegura que la líder de Podemos la obligó "de manera recurrente" y fuera de su horario a hacer de recadera tanto para ella como para sus hijos, a encargarse del mantenimiento de la vivienda familiar o de la mecánica de los vehículos particulares de cada uno, entre otras cosas.
Asimismo, la ahora exescolta ha manifestado que Irene Montero además le encomendaba hacer tareas personales como adquirir productos de parafarmacia y droguería para bebés o alimentación de determinadas marcas y supermercados. En ocasiones, también tenía que llevarle la cena a casa de algunos establecimientos madrileños concretos, o comprar comida para perros. Asimismo, le pedía que adelantara su jornada laboral para "calentar el habitáculo del coche" de Montero, siempre según su testimonio. Tareas muy diferentes a las que debería desempeñar la escolta.
Dos años de funciones excesivas
La empleada estuvo casi dos años ejerciendo de recadera de la familia e incluso se le pidió que realizara "tareas de gestión de obras en una de sus propiedades". Todo ello ha quedado reflejado en la demanda por despido nulo que ha presentado la trabajadora contra Podemos en el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid, a la que ha accedido OkDiario y en la que la empleada exige su readmisión porque considera que decidieron despedirla después de que se quejara por el trato recibido.
Los hechos se remontan a febrero de 2016, cuando la contrataron como "escolta personal en exclusiva" de Pablo Iglesias, "tanto de la agenda oficial como de la personal". Un año y medio después, la empleada pasó al servicio de Montero, en septiembre de 2017. Es en aquel momento cuando las órdenes comenzaron a exceder las que habrían sido comunes, y los encargos de Montero no respetaron las condiciones mínimas que deberían regir una relación laboral.
Se producían por encima de la jornada legal, del horario y de turno asignados, además de horas inoportunas. Además, la trabajadora también ha denunciado que se le impidió su descanso obligatorio entre jornada y jornada, y que había ocasiones en las que se veía obligada a dormir "cuatro horas" antes de "hacer viajes de larga distancia conduciendo", según el escrito de la demanda publicado por OKDIARIO.
El constante exceso de jornada nunca fue abonado, por lo que la exescolta se negó a seguir llevando a cabo las órdenes de Montero, y le pidió que regularizase su situación, aunque no tuvo éxito.
En enero de 2019, la demandante decidió quejarse abiertamente en el grupo de Telegram conformado por militantes de Podemos por las tareas impuestas por Montero. El mensaje fue eliminado al poco tiempo de publicarse, aunque la portavoz de Podemos ya tenía constancia de ello, lo que empeoró la situación. En lugar de intentar solucionar el asunto, Irene Montero la apartó de sus funciones. En aquel momento, Podemos reasignó a la trabajadora a "Doña Gloria Elizo", sin ningún tipo de concreción.
La contratación podría haber sido irregular
La Asociación Española de Escoltas y Profesionales (ASES) ha asegurado en una nota de prensa haber interpuesto una denuncia ante la Unidad Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, en la que califican la contratación de la ex escolta de Montero como "intrusismo profesional".
Según ASES, la contratación directa de este servicio"incumple de forma muy grave la Ley de Seguridad Privada 5/2014", que prohíbe que personas que no tengan la habilitación profesional adecuada realicen la tarea de escolta. Tanto el ejercicio de las tareas como su contratación son consideradas infracciones graves, y, además, si la escolta de Irene Montero hubiera sido personal correctamente habilitado, la líder del conjunto morado habría cometido otra infracción muy grave, también recogida en el mismo artículo, por "obligar a personal habilitado contratado a realizar otras funciones distintas a aquellas para las que fue contratado".
La Ley citada, además, establece que estas faltas se castigan con sanciones de carácter profesional, pero también con multas que podrían alcanzar hasta los 600.000 euros. La ASES anuncia que harán el seguimiento adecuado del caso para garantizar una respuesta que consideran imprescindible.
