La operación Testudo, coordinada por el grupo de blanqueo de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción (que contó con la asistencia de Europol), ha sido el golpe más grande en la última década contra la mafia rusa en la costa valenciana. Sin embargo, un grave error judicial ha puesto fin a la investigación.
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm, en una providencia fuera de plazo, ha dictado el sobreseimiento libre, que supone en la práctica una absolución, y el archivo de la causa para casi una veintena de los imputados.
El 27 de septiembre de 2021 la magistrada dictó una providencia para que declararan en calidad de imputados. Según recoge El Diario, esta resolución que fue recurrida en apelación y la sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante estimó los recursos a consecuencia del grave error de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm pues la providencia había sido "acordada fuera de los plazos perentorios de la instrucción".
La jueza no prorrogó el plazo de instrucción de las diligencias, por lo que las defensas solicitaron el sobreseimiento libre para gran parte de los investigados, entre los que se encontraban Jaime Sellés, exconcejal y expresidente del PP de Altea y el agente de la Guardia Civil Marcos Rodríguez Capón.
El sobreseimiento libre también ha beneficiado a, entre otros, al edil de Seguridad Ciudadana de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola, político popular al que la investigación pinchó llamadas telefónicas con el presunto líder de la trama, el joven abogado y empresario Alexey Shirokov, también militante del PP.
La resolución también decreta el sobreseimiento libre para el empresario ruso Mikhail Danilov, quien ha realizado viajes a España en compañía de Levan Dazhangveladze, hermano y hombre de confianza del Ladrón de Ley Merab Dazhangveladze, según las pesquisas policiales.
La investigación también señalaba que Danilov estaba presuntamente relacionado con Boris Ivanyuzhenkov y Maxim Lalakin, dos líderes del Sindicato del Crimen Podolskaya. Con Ivanyuzhenkov mantenía "constantes conversaciones telefónicas" y con Lalakin había viajado a España.
Danilov estaba imputado en la causa por la adquisición junto con su esposa Yulia Alekseeva (para la que también se ha dictado el sobreseimiento libre) de una vivienda de lujo en Altea con fondos provenientes de una entidad bancaria suiza. La Policía catalogaba al hombre como un empresario utilizado por la criminalidad organizada rusa para blanquear los beneficios de sus delitos mediante su fachada legal.
Grandes cantidades de dinero
La investigación de la operación Testudo, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, detectó el transporte de grandes cantidades de dinero en España "hacia y desde el extranjero, especialmente Rusia".
La presunta red movía "sustanciosas cantidades monetarias entre España y Rusia sin llamar la atención de las autoridades" para invertirlo posteriormente en los sectores del ocio, de la hostelería e inmobiliario de la costa valenciana, especialmente en localidades como Benidorm o Altea, en un contexto de declive de la burbuja inmobiliaria.
